La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desarrollará una nueva investigación en Bolivia, especificamente por los hechos ocurridos en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), acciones catalogadas por organizaciones sociales como masacres.
El inicio de la averiguación se pondrá en marcha tras un acuerdo sellado en Washington, Estados Unidos, entre el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, y la misión boliviana encabezada por el ministro del gobierno de facto, Arturo Murillo.
Se informó, que con el objetivo de hacer un trabajo de campo más exhaustivo, en el mes de enero una comisión será enviada al país altiplano, el equipo contará con peritos balísticos, investigadores científicos y forenses de otras especialidades.
Entre la violación de derechos humanos generalizada que han denunciado campesinos, sindicalistas y movimientos sociales bolivianos a través de las redes sociales, se encuentran los hechos ocurridos el 15 de noviembre en Sacaba; en el que asesinaron a 9 personas que participaban en una marcha en contra del Gobierno de facto y el otro, el 19 de noviembre en Senkata en el que se registraron 10 pérdidas humanas de manifestantes que se encontraban en la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Los integrantes de la CIDH ya visitaron la nación andina, la delegación estuvo entre los días 22 y 25 de noviembre en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Sacaba y, afirmaron que constataron “violaciones de derechos humanos de amplio espectro” tras el golpe de Estado que sufrió Evo Morales.
En el mes de noviembre la organización resaltó que la delegación sostuvo reuniones con altas autoridades del Estado, tanto nacionales como territoriales, de todas las ramas del poder público, y se encontró con amplios grupos de personas y organizaciones de diversos sectores de la sociedad, recibiendo sus testimonios y documentación; también visitó hospitales, centros de detención, despachos defensoriales, y comunidades afectadas por la violencia.
La CIDH en su informe también llamó al Estado que encabeza la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, a cesar los actos de violencia atribuibles a agentes estatales.
En este sentido, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue calificado por el gobierno de facto de la nación andina como «injusto, incompleto e inconsistente».
Por su parte, la canciller del gobierno de facto Karen Longaric planteó que efectuarán una «investigación profunda» sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia que abarcará el periodo septiembre y diciembre de este año.
La CIDH a través de su cuenta en la red social Twitter, también desatacó que instalaron junto a Áñez un Grupo Independiente de Expertos Internacionales para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de septiembre y diciembre de 2019.
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