¿Cómo se inició todo?: El Caso de ‘La Línea’
El 16 de abril de 2015, tras varios años de investigación, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público desarticularon una red criminal de contrabando y fraude aduanero en la nación latinoamericana, supuestamente liderada por el secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala, Juan Carlos Monzón, y que involucraría a varios altos funcionarios del Gobierno.
Según se desprende de la investigación de este caso de corrupción, que fue bautizado con el nombre de ‘La Línea’, la red criminal ofrecía a los importadores la posibilidad de pagar menos impuestos a la hora de pasar la aduana a cambio de sobornos.
El caso desató la indignación de la población, mientras que activistas y grupos opositores lanzaron la campaña #RenunciaYa, debido a la posible involucración en la red criminal del presidente del país, Otto Pérez Molina.
FOTO: Reuters
¿Qué tiene que ver el presidente con la red?
En las escuchas telefónicas presentadas en las audiencias, los involucrados varias veces mencionaron a terceras personas como ‘el presidente’, así como ‘la Señora’, ‘la R’ y ‘la 2’ lo que levantó las sospechas de que Otto Pérez Molina pudiera estar involucrado en la red criminal, mientras que las otras tres indicaciones podrían referirse a la primera dama, Rosa María Leal de Pérez.
El 24 de abril de 2015 los líderes de los partidos opositores Winaq y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca presentaron una denuncia penal contra el mandatario guatemalteco y la vicepresidenta Roxana Baldetticon con el objetivo de que ambos perdieran su inmunidad. La denuncia imputa a los políticos ocho delitos: encubrimiento propio, obstrucción a la Justicia, incumplimiento de deberes, asociación ilícita para el contrabando aduanero, conspiración para delinquir, colusión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
El 9 de mayo renuncia la viceministra Roxana Baldettico, y el presidente del país, que fue quien anunció la dimisión de la política, declaró que había sido fruto de una decisión «personal, meditada, difícil y valiente».
La repercusión social
Decenas de miles de guatemaltecos se unieron a numerosas manifestaciones en contra de la corrupción, exigiendo la renuncia del presidente y castigo para los responsables de la situación. El 17 de mayo salieron a las calles unas 50.000 personas.
Asimismo, varios reconocidos activistas del país, como la líder indígena y defensora de los derechos humanos Rigoberta Menchu, expresaron su apoyo a las protestas. «Exijo la renuncia inmediata del general Otto Pérez Molina de la presidencia de Guatemala como máximo responsable de las redes de corrupción que saquean los recursos del Estado», declaró la mujer.
«Estoy tranquilo»: Pérez Molina se defende
El 1 de junio otros tres grupos civiles (Cadenas por la Libertad, la Fundación Denuncia Guatemala y la Asociación de Enfermos Renales de Guatemala) presentaron acciones penales contra el mandatario guatemalteco por el caso de corrupción, mientras el descontento popular seguía creciendo. «No tengo ninguna responsabilidad y me puedo sentir tranquilo, porque no cometí ningún hecho delictivo», declaró, a su vez, Otto Molina en una conferencia de prensa del 11 de junio, según ‘Siglo 21’.
El 19 de junio el secretario general de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anunció la decisión del tribunal de suspender temporalmente la investigación contra el presidente. Al mismo tiempo, el 15 de agosto el Congreso del país suspendió el proceso legal para retirar la inmunidad al mandatario, lo que provocó la indignación social y provocó aún mayores protestas de la ciudadanía.
Un agosto políticamente caliente
A finales de agosto la situación política en el país guatemalteco se volvió más tensa. El día 22 la Fiscalía acusa a Pérez Molina de liderar la trama de fraude fiscal, horas después de que fuera detenida la exvicepresidenta Roxana Baldetti por el mismo caso de ‘La Línea’.
El hecho desencadenó una nueva ola masiva de protestas, mientras que los ministros de Economía y Educación renunciaron de sus cargos al sentirse «decepcionados» por el Gobierno.
El 25 de agosto la Corte Suprema de Justica, determinó por unanimidad dar trámite de antejuicio contra el presidente, y la Procuraduría General de la Nación pide la dimisión de Otto Molina para evitar la ingobernabilidad del país centroamericano, idea que fue apoyada también por la Contraloría General de Guatemala.
Más de 70 organizaciones civiles convocaron una huelga general de tres días que terminó el pasado 27 de agosto con una protesta masiva frente al Palacio Nacional en Guatemala en la que los manifestantes exigieron la renuncia de Pérez Molina. El mismo día de la manifestación, el mandatario guatemalteco declaró que se «someterá» al proceso de antejuicio, aunque subrayó que no renunciará, ya que «eso va contra la ley». «Le pido a los guatemaltecos su paciencia, le pido la paz y la tranquilidad. Aquí se deben respetar las leyes. No podemos querer arreglar las cosas rompiendo las leyes», afirmó el mandatario citado por ‘La Hora’.
Fuente: RT
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