Un caso de presunta corrupción en la justicia boliviana devino en un choque entre la fiscalía y una de las principales cadenas de televisión, ATB, que se negó a revelar la fuente de una escandalosa revelación de una jueza, según reportaron este viernes medios locales.
«Tras requerimiento de la Fiscalía, la red ATB rechaza revelar fuente del audio de la jueza Pacajes», tituló el diario La Razón, mientras que el rotativo El Deber señalaba que «ATB no revelará la fuente que filtró audio de la jueza del caso bebé Alexander», ambos en referencia al enfrentamiento desatado en la noche del jueves entre la justicia y el medio.
La televisora reveló el pasado fin de semana una grabación de audio del relato de la jueza paceña Patricia Pacajes confesando a amigos, entre copas, que ella condenó a un médico por violación a un bebé, sabiendo que el acusado era inocente.
Tras casi una semana de escándalo, en el que jueces responsabilizaron a fiscales, y viceversa, salpicando con sospechas de corrupción inclusive a autoridades del Gobierno, la fiscalía de La Paz ordenó el jueves a ATB que revelara en un plazo de 24 horas quién le entregó el audio, «bajo responsabilidad funcionaria, administrativa y penal en caso de incumplimiento».
«La Red ATB hace conocer a sus televidentes, enfáticamente, que no revelará su fuente por principios éticos y normas penales que así nos amparan», respondió la televisora en un comunicado, recordando que el secreto de la fuente, defendido históricamente por los periodistas bolivianos y reconocido en la constitución que el presidente Evo Morales promulgó en 2009.
La Confederación de Trabajadores de la Prensa y la Asociación de Periodistas de La Paz, se declararon en emergencia, en apoyo a ATB, mientras el caso se convertía de lejos en el más comentado en medios y redes bolivianos, con casi unánime condena a la fiscalía y, en general, al sistema judicial.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, el único miembro del Gobierno que habló públicamente del asunto, dijo el jueves en un seminario que la condena al médico era «absolutamente carente de fundamento» y rechazó la aseveración de la jueza Pacajes de que había actuado bajo presión de fiscales y autoridades empeñadas en lograr una condena por la violación del bebé, según reportó la agencia de noticias Fides.
Agregó que el caso era una muestra más de «la mala calidad en la administración de justicia en el territorio nacional», aunque no comentó las crecientes voces a favor medidas drásticas para cambiar el sistema judicial.
El caso se remonta a 2014, cuando la muerte de un bebé en un orfanato público fue atribuida a una violación, por la cual se acusó al médico de ese centro, Jheiry Fernández.
Tras un sonado proceso, un tribunal colectivo de primera instancia en el que participó la jueza Pacajes condenó a 20 años de cárcel a Fernández, dejando de lado un reporte del Colegio Médico y de un experto independiente que aseguraron que no hubo la supuesta violación.
La revelación de la jueza Pacajes de que ella estaba «convencida» de que condenó a un inocente provocó una ola de protestas, incluidas marchas callejeras en demanda de la libertad del médico y de severo castigo a jueces, fiscales y autoridades responsables de su encarcelamiento.
Un tribunal de La Paz programó para el venidero lunes 24 una audiencia en la que definirá la eventual liberación del médico y la reapertura del caso.
El sistema judicial tiene pésima reputación en Bolivia, una situación que se remota a varias décadas atrás y que no ha podido ser superada por la elección de jueces nacionales por voto popular, practicada ya en dos oportunidades desde que se puso en vigencia la actual constitución.
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