«Estado de conmoción» en Colombia: Petro enfrenta crisis de violencia en el noreste del país

El presidente colombiano, Gustavo Petro, decretó este viernes el “estado de conmoción” en el noreste del país, una medida extraordinaria que otorga al gobierno poderes legislativos para hacer frente a la creciente violencia en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela. La decisión busca contener los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, los cuales han dejado al menos 80 muertos y 36,000 desplazados en los últimos días.

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El estado de conmoción, que no se utilizaba en Colombia desde hace más de una década, le permitirá a Petro restringir ciertos derechos y dictar decretos con fuerza de ley durante un periodo inicial de 90 días, prorrogables hasta dos veces. Según el mandatario, esta medida es necesaria para restablecer el orden público y proteger a las comunidades afectadas por los enfrentamientos.

Desde el municipio de Tibú, uno de los más afectados por la violencia, el líder social Jaime Botero celebró la medida, considerándola crucial para devolver la seguridad a la región. “El pueblo está contento… aquí estamos sufriendo mucho”, declaró Botero, resaltando la urgencia de la intervención estatal en una zona históricamente marginada.

El gobierno ha responsabilizado al ELN por la escalada del conflicto y suspendió las negociaciones de paz con este grupo guerrillero, que habían estado en curso desde noviembre de 2022. Ante esta situación, las órdenes de captura contra los líderes del ELN han sido reactivadas y se han solicitado extradiciones de sus miembros.

La decisión de Petro ha generado críticas desde la oposición, que considera que el presidente podría utilizar el estado de conmoción como un pretexto para imponer reformas que no ha logrado aprobar en el Congreso. Sin embargo, Petro rechazó estas acusaciones, asegurando que la medida es esencial para financiar mejoras en el Catatumbo y defender la soberanía nacional.

En un contexto de creciente violencia en la región, la medida del gobierno también busca bloquear los pasos fronterizos ilegales que facilitan el narcotráfico y otras actividades ilícitas, además de reforzar la presencia militar y social en una zona donde la ausencia del Estado ha permitido el fortalecimiento de los grupos armados.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch han expresado preocupación por el uso de decretos con fuerza de ley, aunque confían en que la Corte Constitucional garantice la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Foto: Redes

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