A través de su cuenta en la red social Twiter, @evoespueblo, el presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, lamentó que relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sean atacados por el gobierno de facto, al denunciar la persecución que ejerce Jeanine Áñez contra exfuncionarios de la administración del líder indígena y seguidores del Movimiento al Socialismo (MAS).
«Los organismos y la comunidad internacional ponderaron las buenas relaciones con Bolivia e imagen positiva que siempre proyectó, por lo que resulta penoso que ese prestigio se deteriore con ataques a relatores de ONU que manifiestan preocupación por situación de DD.HH. en el país», escribió.
El mensaje de Morales se difunde por la petición que hiciera la autoproclamada presidenta de la nación andina a través de la sede de la cancillería; al solicitar este sábado la renuncia del relator de las Naciones Unidas Diego García-Sayán, luego de que el funcionario manifestara en sus redes sociales su preocupación por la “persecución política” emprendida por Áñez, a exfuncionarios de la administración de Morales.
García en su cuenta de twitter también compartió la columna que escribe para El País en la que se puede leer, «Abogados y ciudadanos ilegalmente detenidos. El uso de la persecución política con fines electorales. Postulaciones que no debieron ser».
El comunicado de la cancillería boliviana indica que el representante de la ONU está “contradiciendo y abusando de sus funciones de relator que le obligan a investigar toda denuncia con base en evidencias jurídicas” y que realiza “un vergonzoso activismo ideológico contra los bolivianos” que recuperaron la democracia.
García-Sayán, no ha sido el único en manifestar su preocupación por los derechos humanos en el país altiplano, el enviado personal del secretario general de la ONU a Bolivia, Jean Arnaul, señaló a través de un comunicado que el organismo que representa realizará un monitoreo con respecto a los DD.HH., al destacar, que es esencial que no exista persecución política.
En el escrito se rechaza el abuso de procedimientos judiciales, y se resalta la importancia del respeto y garantías del ejercicio del derecho político y del debido proceso.
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