Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 15 de febrero de 2016. El Relator especial sobre la tortura de las Naciones Unidas, Juan E. Méndez, urgió al gobierno de México a efectuar una investigación “imparcial y exhaustiva” de los hechos acontecidos en el penal de Topo Chico, Nuevo León, a fin de establecer las responsabilidades legales tanto de los reclusos que participaron en los hechos como de las autoridades penitenciarias.
“Exhortó a las autoridades mexicanas a garantizar el derecho de los familiares a saber la verdad acerca de lo acontecido, a una identificación pronta de las personas fallecidas que aún se desconocen sus nombres, a una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y a una atención médica de calidad a los heridos,” señaló el Relator Especial sobre los hechos del 10 de febrero que dejaron 49 muertos y 12 heridos de acuerdo con la información oficial. “La investigación debe conducir también a la reparación de las víctimas y sus familiares, lo que incluye las garantías de no repetición de los hechos acontecidos que se traduzcan en una mejora sustancial en las condiciones de detención del Penal de Topo Chico”.
Juan Méndez inspeccionó el Penal de Topo Chico durante su visita oficial a México, en abril de 2014, y en él constató “que la flexibilidad excesiva en el régimen a la que está sujeta la población detenida conducía al autogobierno y situaciones de violencia en el penal. También pude verificar supuestas medidas de protección a detenidos que derivaban en situaciones de hacinamiento extremas”, detalló.
En su informe Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el experto hizo clara referencia a una infraestructura deteriorada, a condiciones sanitarias penosas, a la mala calidad de la comida, a sanciones de aislamiento en condiciones deplorables y a tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas con discapacidad, entre otras violaciones manifiestas a los derechos humanos. “Esta información también la compartí con las autoridades de Topo Chico el mismo el 27 de abril de 2014, al concluir mi visita al centro de privación de la libertad”, dijo el Relator Especial. En su momento, el Gobierno Federal rechazó las conclusiones del relator y emprendió una campaña de descalificaciónen su contra.
El experto de la ONU recordó que el Estado está obligado a salvaguardar la vida e integridad de las personas privadas de libertad. “Sin embargo”, concluyó, “esta obligación no se limita al deber que tienen los servidores públicos de abstenerse de violar los derechos de las personas privadas de la libertad, también abarca el deber positivo de protegerles de ataques contra la vida y la integridad provenientes de otras personas detenidas”, finalizó.
Con información del Centro Prodh
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
