Expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada podría ser extraditado

El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Carlos Romero, consideró este martes que la decisión de un jurado de Estados Unidos contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada por las muertes de 8 personas durante la represión militar en el llamado «octubre negro» de 2003, abren una oportunidad para replantear su extradición y la de su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.

Tras una semana de deliberación, el juez James I. Cohn anunció su veredicto en el tribunal de Fort Lauderdale (EE.UU.) y fijó compensaciones por 10 millones de dólares, en el juicio por la demanda presentada por familiares de esas víctimas.

Ahora el tribunal de Fort Lauderdale que trata la demanda solicitó información complementaria a las partes y celebrará una sesión informativa el próximo 4 de mayo, antes de emitir su decisión final.

Romero señaló que este anuncio «es una reivindicación de la justicia» y de «un valor colectivo como es el respeto a la vida», pues 

 aunque no se trate de un juicio penal, sino civil, el origen de este proceso «es el genocidio, es la muerte ordenada por Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín contra decenas de compatriotas bolivianos» movilizados en aquellas jornadas.

Por su parte, el abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, afirmó que el fallo contra Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, por ejecuciones extrajudiciales, es un precedente mundial para que ninguna autoridad intente violar los derechos humanos.

«Esta sentencia es un precedente continental e inclusive mundial de que un presidente democráticamente elegido no puede reprimir violentamente, con uso de armamento letal, a población civil que se manifiesta, porque eso lo constituye en violador de derechos humanos», dijo.

Además, la decisión emanada desde el tribunal de Fort Lauderdale podría marcar el inicio para que el Gobierno de Bolivia insista en pedir la extradición de las exautoridades que tienen procesos en el país andino por delitos de lesa humanidad.

La represión militar ocurrida en 2003 dejó más de 60 muertos y 400 heridos en El Alto y La Paz.