El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este martes que abrirá una investigación penal en contra de líderes de la oposicón por la presunta red de corrupción que hay detrás de la «ayuda humanitaria» que intentaron ingresar desde Colombia.
William Saab señaló la existencia de un desvío de fondos a cuentas personales de los representantes del diputado Juan Guaidó, quien preside la Asamblea Nacional en desacato y se autoproclamó como «presidente encargado» el pasado 23 de enero.
Otras de las acusaciones indican que dichos recursos fueron utilizados para la manutención y el hospedaje de un grupo de militares venezolanos desertores que cruzaron al territorio colombiano, en lugar de ser usados para la compara de comida y mediciadas como hicieron ver ante la opinión pública.
El fiscal venezolano aclaró que su país tomará parte de esta investigación debido a que los fondos que administran las personas designadas por Guaidó son asignados desde Venezuela, «por lo que corresponde a nuestra jurisdicción investigar tanto la procedencia del dinero como su utilización».
Hospedaje de militares desertores lo paga Acnur
Las primeras dos personas imputadas por la Justicia venezolana son Rossana Edith Barrera Castillo y Kevin Javier Rojas Peñaloza, emisarios de Guaidó en Cúcuta. El titular del Ministerio Público refirió que son acusados por los delitos de «legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir».
William Saab explicó que Barrera y Rojas presuntamente falsificaron facturas para hacer creer que pagaban hoteles donde se alojaban los exuniformados venezolanos que desertaron el pasado 23 de febrero, cuando la oposición venezolana, con el apoyo del Gobierno de EE. UU. intentó ingresar la «ayuda humanitaria» a Venezuela. «En realidad eran canceladas por Acnur», agregó el fiscal.
En este sentido, el Fiscal indicó que estas personas «inflaron el número de supuestos militares desertores que se encuentran en Cúcuta para justificar el despilfarro del dinero». Detalló que Migración Colombia establece que existen 1.400 exuniformados en Colombia pero la cifra que maneja el Gobierno venezolano no supera los 300.
Guaidó responde
El parlamentario en desacato manifestó que los fondos que han sido supuestamente malversados son «privados» y no parte de la «ayuda humanitaria».
Explicó que la asistencia a los militares venezolanos se hizo en un inicio a través de Acnur y del Gobierno de Colombia y que, una vez agotados, «se recurrió a fondos privados».
Guaidó anunció «nuevas medidas» para «avanzar en la rendición de cuentas del caso Cúcuta» y afirmó que se hará una investigación «a fondo» que incluye a la Fiscalía de Colombia, a la organización Transparencia Internacional y a la Asamblea Nacional venezolana, publicó RT.
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
