Gobernador de Jalisco amenaza con destruir comunidades mexicanas

Foto: Mario Marlo

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en conjunto con el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C y el Colectivo de abogad@s denunciaron en abril del 2016 una nueva estrategia de hostigamiento y violación a la seguridad e integridad física y psicológica por parte del gobierno de Jalisco, la CEA (Comisión Estatal de Agua) y la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua). Asimismo, exigieron respeto a las resoluciones judiciales y la aclaración inmediata de las contradicciones y las intenciones reales del estudio de Naciones Unidas.

El Secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara y el Gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, declararon su intención de desalojar a las personas que supuestamente ya vendieron sus viviendas y recibieron indemnización. Ante el hecho, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo declaró que estas declaraciones son parte de una estrategia de hostigamiento contra los habitantes y que violan los derechos humanos. El comité reiteró la necesidad de consulta a los pueblos afectados e informó que no existe lugar de reubicación que sea aceptado por la comunidad.

El caso de la Presa El Zapotillo, en los Altos de Jalisco, se encuentra en juicio y cuenta con suspensiones definitivas que no pueden ser violadas por las autoridades federales y estatales. Además, está en curso un estudio de Naciones Unidas UNOPS-PNUMA titulado “Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde” que concluirá hasta el 2017 y que fue contratado por el Gobernador. La Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y la UNOPS-PNUMA negaron rotundamente que el citado estudio considerara el posible llenado de la presa en el temporal de lluvias y establecieron un compromiso con el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, para realizar las modificaciones necesarias al convenio y eliminar la posibilidad del llenado de la presa. Este acuerdo aún no se ha cumplido.

Según el Comité, el desalojo y la destrucción de las comunidades no está justificado ya que existe el fallo del 7 de agosto de 2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia constitucional expediente 93/2012m en la que se determina que la altura de la cortina de la presa El Zapotillo deberá ajustarse al proyecto original de 80 metros.

Desde el 2005, la región de los Altos de Jalisco está expuesta a la inundación de tress pueblos por la construcción de la Presa El Zapotillo, sobre el río Verde. Muchos de los habitantes están en lucha para preservar su legado histórico y su patrimonio cultural.