La resolución no contó con el apoyo de Uruguay, que había aclarado con anterioridad que el TIAR no puede ser aplicado contra Venezuela, porque este país se retiró del pacto en 2017
Agencia Sputnik.- Representantes de 16 países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) determinaron que la situación de Venezuela constituye una amenaza para la paz y la seguridad en el continente y decidieron activar por primera vez las provisiones de ese acuerdo.
El «territorio venezolano se ha convertido en refugio, con la complacencia del régimen ilegítimo, de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional, Grupos Armados Organizados Residuales y otros, que amenazan la seguridad continental, contraviniendo las obligaciones establecidas en la Resolución 1373 del 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», dice la resolución aprobada en Nueva York.
Dicho artículo señala: «Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado Americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra continental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente, a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente».
Persecución a altos cargos y «cómplices» del Gobierno de Maduro
Los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) decidieron en Nueva York lanzar una operación regional conjunta y coordinada para identificar y perseguir a altos cargos del Gobierno de Venezuela y a grupos irregulares aliados de Caracas incursos presuntamente en corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.
Los países del TIAR resolvieron «identificar o designar personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional, a los fines de utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y disponer el congelamiento de sus activos ubicados en los territorios de los Estados partes del TIAR», dice la resolución.
Para ello, crearán una red de carácter operacional que incluirá agencias de inteligencia financiera y de seguridad pública para intensificar la cooperación judicial y policial en estas investigaciones.
Esta medida se aplicará también a personas que «ejercen o han ejercido» como altos cargos del Gobierno de Maduro y que hayan sido partícipes presuntamente en actos de corrupción o violaciones de derechos humanos.
Las «unidades de inteligencia financiera de los Estados Partes del TIAR (se encargarán de) elaborar un listado consolidado de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro identificadas o designadas», según la resolución.
Ministros, viceministros y jefes de delegación de los países del TIAR consideraron en la resolución que el caso venezolano cumple los supuestos del artículo 6 del tratado, por lo que la situación de este país constituye una «amenaza a la paz y a la seguridad» del continente americano.
La declaración toma en cuenta el artículo 8 del TIAR, que establece las medidas graduales a adoptar contra un eventual país agresor y que van desde el retiro de los jefes de misión hasta el «empleo de la fuerza armada».
Asimismo, se menciona el artículo 20, que establece el carácter obligatorio para todos los estados parte del TIAR de las medidas contempladas en el artículo 8 que se decida adoptar, «con la sola excepción de que ningún Estado estará obligado a emplear la fuerza armada sin su consentimiento».
La resolución no contó con el apoyo de Uruguay, que había aclarado con anterioridad que el TIAR no puede ser aplicado contra Venezuela, porque este país se retiró del pacto en 2017.
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