Crímenes como secuestros, torturas, violaciones sexuales y abusos contra la población civil perpetrados desde 1981 a 1988 en la región de Alta Verapaz. Son los cargos que se imputan a los 18 altos mandos del ejército guatemalteco que hoy llamó a declarar la Fiscalía de Guatemala.
Se les acusa de vínculos con la desaparición forzada de personas y otros crímenes de lesa humanidad durante la guerra interna que vivió el país centroamericano desde 1960 a 1996.
De los 18 ex oficiales del ejército, 14 fueron señalados como participantes en unas 18 matanzas. A los otros cuatro se los vincula con la desaparición forzada del adolescente Marco Antonio Molina Theissen (1981).
Las exhumaciones practicadas en la región tras denuncias de testigos de los delitos permitieron encontrar 558 cadáveres entre los que había restos de 90 niños y tres ancianos con señales de amordazamiento, balas en el tórax, machetazos en el área de la cervical, cadenas y otros indicios de torturas.
La Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, aseguró que el caso de las desapariciones forzadas en la Zona Militar No. 21 de Cobán, en Alta Verapaz, es uno de los mayores de América Latina.
Juristas y organizaciones de derechos humanos del país criticaron la tardanza del Estado en la aplicación de justicia contra los culpables de 422 masacres durante el conflicto armado (1960-1996).