La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala conoció y dio trámite este miércoles a las solicitudes de retiro de inmunidad contra el presidente Jimmy Morales y la diputada Nineth Montenegro, por sospechas de financiamiento electoral ilícito.
El antejuicio contra Morales va ahora al Congreso, donde los diputados deberán conformar una comisión investigadora elegida por sorteo para que conozca la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y escuchar la defensa de la Presidencia.
Luego de todo ello, debe enviar un informe al pleno y allí recomendar si el gobernante debe o no mantener la inmunidad. El futuro de Morales quedará en manos de los diputados.
En el caso de Montenegro, el expediente debe ser conocido por un juez pesquisidor, quien, de igual forma, deberá escuchar al MP, Cicig y a la propia legisladora, a fin de elaborar un informe que recomiende o no el retiro de inmunidad. La última palabra estará en manos de los magistrados de la CSJ.
Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, indicó que el Ejecutivo es respetuoso de las decisiones judiciales y de la independencia judicial, por lo que estarán a la espera de la decisión que tome el Congreso sobre la inmunidad del gobernante.
Antecedentes
El 25 de agosto de 2017, Morales fue denunciado por el mismo delito, financiamiento electoral ilícito. El caso llegó hasta el Congreso, donde la solicitud del retiro de la inmunidad fue rechazada y archivada por 104 votos de diputados en contra y solo 25 a favor, el 12 de septiembre de 2017.
Los delitos
De acuerdo con la investigación, en 2015 cuando Morales era candidato presidencial y secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), recibió aportes que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que, según la pesquisa, constituye el ilícito de financiamiento electoral ilícito.
La denuncia fue hecha el 26 de febrero de 2018 por Paulina Paiz Riera, colaboradora de la Fiscalía. Paz, junto con Olga Méndez López, eran representantes legales de Novaservicios, S.A., empresa que recibió los aportes de campaña electoral de Morales.
El caso de Montenegro
Montenegro, diputada y secretaria general de Encuentro por Guatemala (EG), es señalada en una investigación porque el partido incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral los estados financieros del último semestre de 2015.
La denuncia la interpuso el propio TSE el 13 de diciembre de 2016. Óscar Schaad, fiscal contra Delitos Electorales, dijo que, con base en los hallazgos de la investigación, el tribunal pedirá la cancelación del partido, tal como lo ha hecho con FCN Nación, el partido de gobierno.
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