Las comunidades indígenas afectadas por las empresas Pojom II y San Andrés, en la microrregión de Ixquisis, en Guatemala, presentaron un reclamo al Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), por daños ocasionados por dos hidroeléctricas.
La organización ambiental indicó a la agencia EFE que la queja, presentada en conjunto con la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Ancestral Plurinacional Q’anjob’al, Popti, Chuj y Akateko, se entregó al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En ella, solicitan que se recomiende al BID retirar su inversión debido a que incumplió “sus propias políticas operativas al financiar las hidroeléctricas, cuya planeación y construcción ha resultado en daños sociales y ambientales”.
“Los daños causados por la implementación de ambos proyectos son el resultado del incumplimiento de las políticas operativas del BID, en particular de su política ambiental y de sostenibilidad, la de pueblos indígenas, la de género y la de divulgación de información”, explicó Liliana Ávila, abogada de AIDA.
La planificación y ejecución de los proyectos -continúa la denuncia- ha causado daños a fuentes de agua y a los medios de vida de pueblos indígenas. En la queja se detalla que las represas fueron autorizadas sin que las comunidades fueran adecuadamente consultadas y que éstas no han recibido información suficiente sobre los riesgos de los proyectos.
La construcción de las represas ha causado daños ambientales como la escasez de agua y la contaminación de ríos, afectando la pesca, la agricultura y los modos de vida tradicionales de las comunidades de Ixquisis, departamento de Huehuetenango, mayormente indígenas mayas y donde sobresalen las etnias Chuj, Q’anjob’al y Akateko.
“Esos daños son sufridos de manera diferenciada por las mujeres, aspecto destacado en la queja, pues son ellas las que administran el uso del agua en sus hogares”, dijo Anabella Sibrián, de la Plataforma Internacional contra la Impunidad.
Además, debido a su resistencia pacífica, las personas afectadas han sufrido ataques, amenazas, hostigamiento e incluso se denunció el asesinato aún no esclarecido de una de ellas en 2017.
La hidroeléctrica Pojom II es promovida por la empresa Generadora San Mateo, mientras que la de San Andrés está a cargo de Generadora San Andrés. Ambas empresas son subsidiarias de Promoción y Desarrollos Hídricos, una compañía nacional.
En 2013, el BID Invest, brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó un préstamo de hasta nueve millones de dólares para la construcción de Pojom II y de hasta de seis millones de dólares para el proyecto San Andrés.