Venezuela ha sido un blanco predilecto de ataques internacionales de gobiernos de derecha encabezado por el de los EEUU, a través de sanciones impuestas unilateralmente a funcionarios del gobierno bolivariano, también a la economía del país suramericano y a su sistema financiero.
Desde las primeras penas injerencistas aplicadas por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (Ofac) del país del norte en contra de altos funcionarios venezolanos, hasta una de las últimas, la del Consejo Federal de Suiza, país de la Unión Europea (UE), el pasado 28 de marzo, Venezuela es objeto de arremetidas de una especie de coalición internacional constituida por los gobiernos de EEUU, la UE y de América Latina que adversan a la Revolución Bolivariana.
De estos últimos gobiernos de derecha, el de Juan Carlos Varela de Panamá, tomó la iniciativa y emitió el pasado 27 de marzo una resolución para limitar operaciones económicas y financieras a “personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela”.
Estas personas son “consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, precisa la resolución del gobierno panameño.
Esta decisión del presidente Varela desató una crisis diplomática, económica y financiera, en la que están envueltos bancos, empresas aéreas y de otros ramos de la producción de ambas naciones, crisis que amenaza con extenderse en perjuicio de las dos naciones de pueblos hermanos.
Crisis diplomática de países bolivarianos
La resolución del gobierno de Juan Carlos Varela establece una lista de 54 funcionarios venezolanos y 16 empresas, en la que destaca el presidente de esa República, Nicolás Maduro.
También el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno, y el fiscal General de la República, Tareck William Saab; además de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, entre otros altos funcionarios venezolanos.
La medida establece una prohibición de transacciones comerciales y/o financieras de las empresas o personas venezolanas mencionadas en la lista, en el territorio panameño.
Tras el paso sancionatorio que dio el gobierno de Panamá el de Venezuela respondió. El 5 de abril emitió una resolución en la cual suspende las relaciones económicas y financieras con Panamá por un plazo de 90 días.
La decisión del gobierno de Nicolás Maduro comprende vetos específicos a 22 personas, incluyendo el presidente panameño, Juan Carlos Varela, empresario de oficio, y a su vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Maio, además de 46 empresas del país centroamericano.
Igualmente a la Compañía Panameña de Aviación, Vida Panamá, Supercentro Casanova, Casablanca, Novatex y Pan Colombia Travel, entre otras del país del istmo panameño.
Seis días más tarde, el 11 de abril, el gobierno venezolano, suspendió relaciones con otras empresas del país centroamericano y congeló sus cuentas, anunció en un acto público el vicepresidente de ese país, Tareck El Aissami.
Dijo que Venezuela suspendió relaciones con más empresas panameñas, a los fines de “proteger nuestro sistema económico y financiero de las mafias de Panamá”.
Informó, además, que Venezuela ordenó congelar las cuentas «a todas las empresas panameñas vinculadas a las mafias representadas por el gobierno de presidente» Juan Carlos Varela.
Un día anterior, el 10 de abril, el gobierno de Panamá, había anunciado la suspensión a partir del 25 de abril y por 90 días prorrogables las operaciones de las aerolíneas venezolanas en territorio panameño, igual lo había hecho Venezuela.
Como parte de esta crisis diplomática bilateral ambas naciones habían retirado ya a sus embajadores, el venezolano Jorge Durán y el panameño Miguel Mejías, por órdenes de los gobiernos latinoamericanos mencionados.
La historia oscura de Juan Carlos Varela
La primera resolución del gobierno panameño citada indica que los funcionarios y empresas venezolanas incluidas en la lista, son considerados de “alto riesgo en materia de blanqueo de capitales”.
El “blanqueo de capitales” o “lavado de dinero” son aquellas actividades y procedimientos que permiten introducir dinero de procedencia ilícita en el ciclo de la economía legal, con el fin de ocultar su origen.
El periodista y escritor venezolano Earle Herrera, en un artículo publicado en el diario “Últimas Noticias” de Caracas, el pasado 6 de abril, escribió que “esa arrogancia de sancionar a todo el mundo a cada rato (de los EEUU y países aliados políticamente), de certificar a diestra y siniestra por cualquier cosa, de dar y quitar ‘carta de buena conducta’, convirtió las sanciones en una joda (broma) imperial sin la menor seriedad”.
Agregó con el sarcasmo que lo caracteriza que “tanto (es así), que ya nadie le para ni a esto. Pero como todo lo que viene de la casa matriz se imita (EEUU), a los perritos del imperio (el gobierno panameño del presidente Juan Carlos Varela, en este caso), les dio por meterse a ‘sancionadores’. Y la moda hoy, lo que da nota ante el amo, es ‘sancionar’ a Venezuela”.
“Un paraíso fiscal como Panamá decidió aplicar sanciones fiscales. ¡Mira tú!”, agregó Herrera en referencia a las acusaciones en contra de Juan Carlos Varela, involucrado en hechos de corrupción y blanqueo de capitales.
Así como Suiza lo es para Europa, Panamá es considera como el “paraíso fiscal” de América Latina, tal cual lo corroboró el caso de los “papeles de Panamá” (Panamá papers), más de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameños Mossack-Fonseca, uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades ‘offshore’, es decir “paraísos fiscales”, en el mundo.
Juan Carlos Varela, durante el tiempo que se desempeñó como canciller del ex-presidente Ricardo Martinelli, se habría aprovechado de esa posición, para que funcionarios consulares nombrados por él, transfirieran fondos ilícitos a fundaciones abiertas en Panamá, recursos utilizados para su campaña electoral presidencial en el 2014.
Una investigación del periodista Sergio Otálora del “Diario de Las Américas” con sede en Miami, EEUU, señaló que en el 2014, durante la campaña electoral panameña, varias cuentas bancarias abiertas en ese país, recibieron fondos «de lavado de dinero» proveniente «de apuestas ilegales por internet» que habrían «sido usados en la financiación de la campaña del candidato presidencial» Varela.
Ramón Fonseca Mora, ex-ministro consejero del gobierno de Varela, también lo señaló de haber recibido “donaciones” de Odebrecht, empresa brasileña envuelta, desde el 2016, en casos de sobornos, coimas, comisiones y otros hechos de corrupción en una docena de países de América Latina, incluida Panamá.
Fonseca, además, fundó con Jürgen Mossack, el escritorio Mossack-Fonseca, que creó miles de sociedades anónimas en todo el mundo, alrededor del cual gira gran parte de lo relacionado al caso de los “Panamás papers”.
Las sanciones del gobierno de Juan Carlos Varela contra Venezuela, está como el “chiste” del ladrón que en la plaza pública ha robado a alguien y en medio de la confusión, grita: “¡Agarren al ladrón, agarren al ladrón!” señalando a alguien que no ha cometido la fechoría. En este caso, quizás valga también para Juan Carlos Varela, el que debe ser sancionado es él. Panamá es el primer país de América Latina que en materia de sanciones, bloqueos y otras agresiones económicas y financieras contra Venezuela, se congracia con los EEUU.
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