Honduras ha vivido duros escenarios donde se han violado todas las garantías a los ciudadanos después de las elecciones presidenciales ocurridas en noviembre del año 2017, así mismo el incremento de la pobreza y la militarización de los cuerpos de seguriad pública han agudizado la situación en la nación centroamericana.
Así lo informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (ACNUDH) al destacar que la Policía Militar de Orden Público hondureño ha hecho un uso excesivo de la fuerza violentando el derecho a la vida y a la integridad física«.
En el informe 2017 sobre los derechos humanos en Honduras presentado este martes la ACNUDH consideró que las garantías a los hondureños deben ser abordadas «en forma destacada» mediante el diálogo convocado por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, «si se quiere lograr un progreso sostenible hacia la paz social, el desarrollo y la democracia» en la nación.
Silvia Lavagnoli, representante adjunta de la ACNUDH, precisó que en las protestas por un presunto fraude murieron «22 civiles y un agente de policía», así mismo fueron detenidas 1.351 personas entre el 1 y el 5 de diciembre pasado, los cuales han sido acusadas de violar el toque de queda impuesto en el decreto del Estado de Excepción declarado en diciembre.
Lavagnoli exhorta a Honduras a realizar «investigaciones prontas, efectivas, independientes y transparentes sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos» luego del roceso poselectoral y que «las víctimas tengan acceso a un recurso efectivo y una reparación».
Por su parte, el excandidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, no reconoce los resultados de las elecciones y señala estar seguro de ser el ganador de los comicios y que es víctima de fraude electoral.
Según la ACNUDH, el goce de los derechos humanos «está condicionado» al género y grupo étnico de las personas y resaltó que los sectores menos favorecidos son los que «más sufren la violencia, la pobreza, el desplazamiento, la exclusión y la falta de acceso a la seguridad, la justicia, la atención a la salud, la educación y otros servicios» que impiden la participación en la vida política.
En el informe se reitera que debe trabajarse en el país hondureños para posicionar la igualdad y la no discriminación en el centro de los esfuerzos nacionales y evitar seguir aplicando un enfoque de seguridad que incluya la participación de los militares.
Otra de las perocupaciones es la carencia de programas destinados a la prevención y la rehabilitación del delito y abordar las causas estructurales de la violencia.
La ACNUDH instó a Honduras a asegurar que todo uso de la fuerza se desarrolle «en sujeción a los estándares internacionales» y a desarrollar «un diálogo nacional participativo sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación».
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