En Honduras un grupo de indígenas llegaron a Tegucigalpa, para exigir al Estado la liberación de sus compañeros presos por la defensa de la tierra, sin embargo, por parte del gobierno nacional sólo encontraron represión.
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Luego de 8 días de camino desde sus comunidades hasta la capital, a 100 kilómetros de distancia, este grupo de manifestantes explicaron que son víctimas de la caída en la producción de granos básicos y hortalizas en Honduras, ocasionada por la falta de ayuda del Estado al sector campesino así como al cambio climático y los proyectos extractivistas.
Se aprestaron a llegar a la casa de Gobierno, para expresar su rechazo al cierre del Banco de Desarrollo Agrícola del país, sin embargo, fueron recibidos por efectivos policiales que dispersaron, mediante la represión armada al grupo de manifestantes.
Estas acciones ejemplifican la postura del presidente de la república, Juan Orlando Hernández ante las comunidades o a los grupos que se oponen a su Gobierno, puertas cerradas, no permite las críticas ni acciones de protesta, según indica el medio Hispantv.
Para el portal web estos grupos minoritarios siguen sin ser atendidos por el Gobierno, quien privilegia las relaciones con los grandes empresarios o sectores económicos de la nación.
Represión y persecución
En Honduras se han denunciado movimientos masivos de tropas hacia la frontera con El Salvador”, incluyendo “a efectivos norteamericanos” concentrando la presencia militar en las zonas donde varias empresas transnacionales están realizando estudios para fines de explotación hidrominera.
El Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) pide el fin de la represión política y la criminalización de la defensa territorial y de los bienes comunes, y manifiesta que todas las acciones emprendidas “se enmarcan en un proceso de defensa territorial, por la construcción de la autodeterminación y la gobernanza indígena”.
Protestas, cárcel y muerte
El panorama para el activismo ambiental en el país centroamericano es desmoralizador. Según un informe de Global Witness, “no hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”.
La terrible conclusión se sustenta en un sinnúmero de amenazas reportadas por las comunidades que se oponen a proyectos de fuerte impacto ambiental, pero fundamentalmente porque desde 2010 han muerto más de 120 personas.
Este desalentador escenario, también fue incorporado en el reciente informe de derechos humanos elaborado por Amnistía Internacional. “Varios pueblos indígenas seguían asegurando que se había vulnerado su derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios. Se denunciaron homicidios, agresiones y casos de utilización indebida del sistema de justicia contra quienes defendían a los pueblos indígenas”.
https://www.elciudadano.cl/latino-america/hondurenos-marcharon-contra-la-corrupcion-y-el-continuismo-politico/08/30/
https://www.elciudadano.cl/honduras/un-sombrio-contrato-petrolero-amenaza-a-comunidades-indigenas-en-honduras/09/26/
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