José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, condenó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desacate un dictamen de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe la detención de quienes violen la cuarentena impuesta en el país centroamericano, ante la pandemia del coronavirus.
«Usted se ríe de la Corte», escribió Vivanco en su cuenta en Twitter, donde señaló que la actuación de Bukele «es desacato y, nuevamente, rompe el estado de derecho».
La resolución del máximo tribunal constitucional establece “ni la policía ni la Fuerza Armada, están autorizados para realizar detenciones discrecionales o arbitrarias, así como tampoco lesionar, injustificadamente, a las personas en dichos procedimientos”.
Pese a esta resolución judicial, el presidente Nayib Bukele publicó en su Twitter: “Si usted viola la cuarentena, será retenido por las autoridades y el Ministerio de Salud ordenará su ingreso en un Centro de Cuarentena, por ser un potencial foco de infección. Ahí pasará 30 días, o hasta que las autoridades de salud puedan comprobar que usted no porta el virus”.
Las declaraciones del mandatario contradicen al tribunal, que afirma que se debe aplicar “dicho confinamiento o internamiento única y exclusivamente” si se determina que las personas han sido expuestas a su contagio.
“Las autoridades mencionadas no pueden disponer de forma automática el internamiento sanitario forzoso de personas que incurran en la mera inobservancia, insumisión o rebeldía” frente a la cuarentena, indicó el dictamen, citado por El Salvador.com.
Es decir, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia prohíbe el confinamiento automático, mientras que Bukele defiende precisamente esta medida.
Tratos inhumanos
En su Twitter, Bukele añadió que es posible que la retención tome más de 30 días, pues “usted (ciudadano que incumpla cuarentena) no será prioridad en los tests. Le daremos prioridad a nuestro personal médico, soldados, policías, a las personas que están en primera línea combatiendo esta pandemia y a las personas con síntomas o nexos epidemiológicos”.
El mandatario añadió que “su salida del Centro de Contención pudiera tardar incluso más de 30 días”.
Según Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana , esto abre la puerta a tratos degradantes a la persona, prohibidos por el pacto de derechos civiles y políticos. “No puede ser que estén 30 días y les hagan la prueba cuando a ellos les parezca”, añadió.
“El tuit del presidente llama a que no obstante (lo resuelto por la Sala), si se detiene a alguien se va a encuarentenar sin hacer pruebas y se hará verificación cuando la autoridad tenga tiempo; es algo arbitrario”, sentenció el jurista de Acción Ciudadana.
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