De acuerdo con los datos preliminares, entre enero y mediados de diciembre la deforestación en la Amazonia se incrementó más del 80 %
En su Informe Mundial 2020, la organización Human Rights Watch advirtió que la embestida del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, contra instituciones que velan por la aplicación de las normas ambientales «está exponiendo a graves riesgos a la Amazonía y a quienes la defienden.
«Sin mostrar pruebas, su gobierno ha culpado a organizaciones no gubernamentales, bomberos voluntarios y poblaciones indígenas por los incendios en la Amazonia», denunció la directora de la organización para la nación sudamericana, María Laura Canineu.
Además, agregó que el mandatario brasileño tampoco ha actuado contra las redes delictivas que talan los árboles y queman los bosques para dar lugar a actividades de ganadería y agricultura, y que amenazan a todos aquellos que se interponen en su camino.
En el documento, llamaron al jefe de Estado a dejar de socavar las protecciones ambientales en Brasil y adoptar medidas contundentes contra esas redes delictivas que están destruyendo la selva amazónica.
También, mencionaron que Bolsonaro adoptó políticas contrarias a los derechos humanos en temas vinculados con el medioambiente, la seguridad pública, la libertad de expresión y la sociedad civil. «La justicia y el Congreso bloquearon algunas de esas políticas, pero otras siguen avanzando», acotaron.
Entre esas medidas se cuentan la que contribuyó a debilitar a las agencias ambientales del país recortando presupuestos, destituyendo a administradores experimentados y limitando la capacidad de los agentes para actuar en el terreno, refirió la organización en su página web.
El informe expone datos de un aumento de la deforestación de la Amazonía del 80% entre enero y mediados de diciembre de 2019 y la caída del número de multas por deforestación ilegal: el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), principal órgano fiscalizador, multó un 25% menos entre enero y septiembre de 2019 comparado con el mismo periodo del año anterior, refirió Sputnik.
Por otro lado, recordaron que una menor rigurosidad en la aplicación de las leyes ambientales pone en peligro a quienes defienden la selva, y mencionaron a los tres indígenas asesinados en noviembre y diciembre del año pasado o los 160 casos de deforestación, apropiación de tierra y otras ilegalidades dentro de territorios indígenas, según datos del Consejo Indigenista Misionario.
Fuentes: Human Rights Watch, Sputnik.
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