La combinación de pobreza, violencia, falta de empleo y oportunidades educativas son motivos por los cuales miles optan por de salir Honduras, aunque el viaje sea peligroso y corran el riesgo de violación, robo, explotación, secuestro, abusos y hasta la muerte
Fotografías: Paul Carbajal
Protestas, impunidad, corrupción, crisis migratoria, inseguridad y narcotráfico forman parte de la problemática política y social que atraviesa Honduras y que parece ser ignorada por la comunidad internacional.
En enero pasado, Juan Orlando Hernández, inició su segundo mandato, luego de ser reelecto en los comicios generales del 27 de noviembre de 2017, un proceso denunciado por la oposición como «fraudulentos«, y por una misión técnica de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como «irregulares«, aunque el señalamiento fue ignorado por los Estados parte del ente.
Hoy, Hernández continúa por la senda del neoliberalismo y sus políticas, lejos de ayudar, desmejoran las condiciones de vida del pueblo hondureño.
El rechazo hacia el mandatario cada vez se hace mayor. Desde finales de abril, miles de ciudadanos han salido a marchar con antorchas en las calles de Tegucigalpa para exigir su renuncia y rechazar las reformas del Congreso que pretenden privatizar el sistema educativo y de salud.
Al respecto, desde Tegucigalpa, el secretario de Comunicación y Prensa del Partido Libre, Manuel Díaz-Galeas, ofrece un resumen de la crisis política y social que ha convertido a Honduras en un campo de batalla durante las últimas semanas:
Leyes del despido
Los docentes y los maestros exigen que sean derogados dos decretos relacionados con la transformación en las áreas de salud y educación, aprobados en abril.
Para ellos, la denominada Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, constituye el inicio de una serie de despidos masivos en el sector público.
Las normativas le dan facultad a la Secretaría de Estado para, junto a la Comisión Especial para la Transformación de ambos despachos, proceder a la revisión del presupuesto a fin de identificar toda la partida o recursos asignados.
También, en otros artículos se establece que las Secretarías de ambos sectores puedan “proceder a la cancelación de los acuerdos de nombramiento y la terminación de los contratos de prestación de servicios, en el contexto de las decisiones adoptadas en el proceso de restructuración administrativa y organizacional”.
Los gremios de educación y salud denuncian que los decretos ejecutivos son instrumentos jurídicos del Gobierno para perseguir, destituir y nombrar el personal que labora en ambos sectores a su antojo.
Las manifestaciones con antorchas comenzaron en 2015 como un movimiento contra la corrupción, tras conocerse un millonario desvío de fondos del Seguro Social, y que parte de esos recursos financiaron la campaña electoral del presidente Hernández.
En esta ocasión, las protestas de la ciudadanía se centran en la consigna «menos armas y más educación» en Honduras, debido a que la intención del Gobierno de Hernández no es «mejorar» los sectores educativos y de salud, sino privatizarlos.
Aparte de las manifestaciones con antorchas, que en su mayoría han sido fuertemente reprimidas por la Policía, las protestas de los médicos han incluido paros de labores parciales y la suspensión de cirugías selectivas en más de 20 hospitales y 1.500 centros de salud.
Reducción de penas por narcotráfico y corrupción
El pueblo hondureño también está indignado por la reducción de las penas por los delitos de narcotráfico y de corrupción, como parte de una reforma del Código Penal que tendrá vigencia a partir de noviembre próximo.
El narcotráfico se castigará con condenas de entre cuatro y siete años de cárcel en la nueva legislación, frente a las penas de entre siete y 10 años del Código Penal vigente.
Asimismo, los delitos castigados con menos de cinco años de prisión se podrán conmutar por una multa equivalente a 40 centavos de dólar por día.
Este hecho desató una fuerte polémica debido a que varios funcionarios, exfuncionarios y empresarios están acusados en los tribunales por corrupción y narcotráfico.
Política y narcotráfico
Honduras es considerada como un puente para el tráfico de drogas desde los países productores sudamericanos hasta el mercado norteamericano
Desde 2014, al menos 24 hondureños han sido extraditados a Estados Unidos y una decena se entregaron o fueron capturados, como es el caso de Juan Antonio Hernández, hermano menor del Presidente, quien fue calificado como «narcotraficante a gran escala» por una corte de Nueva York.
De acuerdo con la acusación, desde 2004 hasta 2016, Hernández, colaboró con organizaciones del narcotráfico para ayudarlas a recibir la droga, desde Colombia y otros lugares, y llevarla hasta territorio estadounidense. Por estas actividades, recibió grandes sobornos y pagó a otros funcionarios para proteger los encargos.
El propio Jefe de Estado es señalado actualmente, ya que documentos de la Corte del Distrito Sur de Nueva York lo relacionan con un red de narcotráfico.
En los documentos, citados por la ONG Pro Honduras Network, se mencionan al menos tres testimonios que salpican al Mandatario y al general retirado Julián Pacheco, ministro de seguridad y ex jefe de inteligencia en la época en que Juan Antonio Hernández traficó con ametralladoras y cocaína, según la acusación penal.
En los supuestos documentos de la Corte de Nueva York aparecen testimonios y conversaciones de narcotraficantes como Fabio Lobo, El Cachiro (Devis Maradiaga) y un narcotraficante mexicano.
Además , el periódico El Confidencial informó sobre la supuesta entrega de un soborno millonario del narcotráfico a Juan Orlando Hernández.
“El ex jefe narco Carlos Arnoldo «el Negro» Lobo reveló que le entregó al actual jefe del Ejecutivo alrededor de 250 mil dólares, o más de cinco millones de lempiras, antes de que asumiera la presidencia de Honduras“, reveló el diario.
No es el único presidente señalado por la justicia
Por si fuera poco, el expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014) es implicado en un nuevo caso de presunta corrupción.
Según la denuncia presentada por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (UFECIC-MP), el exmandatario formaría parte “de un esquema que permitió el lavado de dinero del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado, que en su mayoría no se realizaron».
La investigación fue apoyada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad, que depende de la OEA y surgió a raíz de que Devís Leonel Rivera, quien enfrenta en EE. UU. un juicio por narcotráfico, revelara que en 2009 entró en contacto con el entonces candidato presidencial del Partido Nacional, Porfirio Lobo, a quien le dio dinero para su campaña electoral.
Según Rivera, Lobo le sugirió que «a cambio formaran empresas a las cuales, una vez ganada la elección para ocupar la Presidencia de la República, les pudieran dar contratos por parte del Estado».
Estas acusaciones fueron rechazadas por el expresidente, quien afirmó que “nunca he recibido ningún dinero de delincuentes, ni tenido reunión particular con ellos»
Asimismo, señaló que entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el actual gobernante hondureño, Juan Orlando Hernández, «hay un pacto de impunidad».
Esta no es la primera vez que la sombra de la corrupción se posa sobre Lobo. El 28 de febrero de 2018 capturaron a su esposa, Rosa Elena Bonilla, encarcelada por otro escándalo. Aparte, su hijo Fabio está preso en EE. UU. desde 2015 por narcotráfico, y el de un hermano mayor al que el gobernante habría favorecido cuando estuvo en la Presidencia.
Tanto Hernández como Lobo son un ejemplo de la derecha corrupta que llegó al poder a raíz del golpe de Estado perpetrado contra Manuel Zelaya en 2009.
Agresiones a la prensa
La reforma al Código Penal también es rechazada por mantener en el ámbito penal los delitos contra el honor, como calumnia e injuria, en lugar de remitirlos al fuero civil como recomienda el sistema interamericano de derechos humanos, lo que permite que persista la cacería de brujas contra la prensa.
De hecho, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Acnudh) expresó su preocupación por la criminalización de los periodistas en el país centroamericano.
Desde 2003, más de 15 procesos penales han sido abiertos contra periodistas hondureños y 76 profesionales fueron asesinados entre 2001 y 2017, según cifras de la Acnudh.
Asimismo, el informe 2019 de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a Honduras como el país de Centroamérica con las peores condiciones para la libertad prensa.
El estudio posiciona a Honduras en el puesto 146 de un listado de 180 naciones.
Pobreza, violencia y emigración
Desde octubre de 2018 hasta la fecha, alrededor de 18.000 personas han huido de la violencia y los problemas sociales en Honduras.
Un informe sobre derechos humanos, citado por el diario Tiempo Digital, señala que la mayor parte los hondureños migran por la ola de criminalidad y el alto índice de pobreza (65%) que afecta a la población.
En el país, medio millón de niños y adolescentes no reciben educación primaria ni secundaria, y los que la reciben se ven forzados a abandonar los estudios para escapar de la pandillas, el acoso y el reclutamiento forzoso en las zonas de dominadas por delincuentes.
El crimen aumenta cada día, y solo en 2019 se han registrado 1.200 muertes violentas, mientras que en 2018, según cifras oficiales, se contabilizaron 3.682 homicidios, una tasa de 41,27 por cada 100.000 habitantes.
La combinación de pobreza, violencia, falta de empleo y oportunidades educativas es el motivo por el que miles optan por de salir del país, aunque el viaje sea peligroso y corran el riesgo de violación, robo, explotación, secuestro, abusos y hasta la muerte.
Según los analistas, las caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos “no salen en la búsqueda del sueño americano, sino que huyen de la pesadilla hondureña”.
La deportación de hondureños -por vía aérea, terrestre y marítima- se ha incrementado en 25 % y entre el 1 de enero y el 17 de mayo de este año suman 37.393 casos, de acuerdo con cifras del Observatorio Consular y Migratorio.
Subordinación a EE. UU.
La administración de Juan Orlando Hernández no ha sabido responder a esta crítica situación, que ha sido ignorada por la comunidad internacional, incluyendo a organismos como la OEA y el autodenominado Grupo de Lima, cuyo único interés es el petróleo de Venezuela.
El Mandatario se ha subordinado a las políticas trazadas desde Washington, a pesar del evidente rechazo de Donald Trump hacia los migrantes, al punto que retiró el apoyo económico a Guatemala, Honduras y El Salvador, zona conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica, por “no hacer nada” para retener a las caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
«Ya no va dinero para allá. Les estábamos enviando enormes cantidades de dinero y ya no les estamos pagando porque no han hecho nada por nosotros», afirmó Trump a finales de abril.
La subordinación de Hernández a los designios de Washington es tal que, está en marcha un acuerdo con Israel para que ese país envíe 1.000 soldados a Honduras, para suspuestamente entrenar a militares y policías en asuntos de seguridad e impedir que aumente la emigración.
Según las fuentes consultadas por El Heraldo, los soldados israelíes se encargarían de entrenar a las Fuerzas Armadas de Honduras y a la Policía Nacional en la protección de la frontera, para frenar el paso de migrantes y también reforzar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
De acuerdo con el Gobierno, el objetivo es que los militares hondureños tomen el control de las fronteras para evitar que los migrantes salgan y vayan desde Honduras hacia la frontera sur estadounidense, y así poder complacer a Trump.
Aunque el ministro de la presidencia, Ebal Díaz, ha negado categóricamente que se vaya a firmar este acuerdo, El Heraldo sostiene que las conversaciones están adelantadas y que el acercamiento entre Honduras e Israel se produce a través de las autoridades estadounidenses.
“La historia de la cooperación del Gobierno de Honduras con Israel no es del agrado de la población, porque Israel ha proporcionado los menajes –bombas lacrimógenas, toletes, carros lanza chorros de agua, armas– y la instrucción a la policía antipatriótica para reprimir a los hondureños rebelados en contra del estado actual del país” advirtió el periodista Víctor Manuel Ramos en un artículo publicado por Conexión Honduras.
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