Imelda Daza, candidata FARC a la vicepresidencia de Colombia: «La gran dificultad del proceso de paz es la actitud de la clase política»

"El sentido de la negociación era que se dejaban las armas, se abandonaba esa forma de lucha y se reincorporaban a la sociedad para hacer política utilizando como arma la palabra", señala la representante de Voces de Paz y Reconciliación. Por José Robredo Hormazábal / @joserobredo

Imelda Daza, candidata FARC a la vicepresidencia de Colombia: «La gran dificultad del proceso de paz es la actitud de la clase política»

Autor: Jose Robredo

El proceso de paz firmado en Colombia en noviembre de 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (FARC-EP), que pone fin a casi 60 años de guerra, se encuentra sin avances concretos y debe enfrentarse a la recta final de una campaña electoral que definirá no solo al sucesor del actual mandatario, sino que también el rumbo del camino iniciado en 2012 en La Habana.

Para el 27 de mayo fueron fijados los comicios, en los que uno de los puntos destacados es el debut electoral de las FARC, que tras el congreso político de agosto pasado pasaron a llamarse Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, un paso más en su proceso de desmovilización militar e integración como actor político. Junto a la Unión Patriótica (UP) forman el pacto «Fuerza Socialista», el que pretende lograr una buena votación en la presidencial que se traduzca en representación parlamentaria que le permita empujar la concreción de los acuerdos firmados.

La fórmula electoral está compuesta por Rodrigo Londoño, que en sus años de oficial y jefe de  las FARC-EP era conocido por la chapa de Timochenko, como candidato a la presidencia, e Imelda Daza, postulante a la vicepresidencia colombiana, integrante de la organización Voces de Paz y Reconciliación, la que hacía de veladora del proceso de paz.

Rodrigo Londoño junto a Imelda Daza

«El acuerdo de paz no es revolucionario»

Daza tiene vasta trayectoria política. Fue la primera mujer en presidir el Concejo de la ciudad de Valledupar en 1983, y en 1986 se integra a la Unión Patriótica. Ese mismo año se exilia en Suecia luego de recibir permanentes amenazas de muerte de grupos paramilitares, en medio de un plan de exterminio de los militantes que eran parte de la UP.

Desde el exilio llevó adelante un intenso trabajo en favor de la paz en Colombia, hasta que en 2015 regresa a su país para -a través de Voces de Paz y Reconciliación- ser parte del grupo de ciudadanos que vigilaban de cerca el cumplimiento de las etapas del proceso de paz.

En conversación con El CiudadanoDaza explica las complejidades que vive el proceso de paz, las que se reflejan en la lenta ratificación de los acuerdos firmados en 2016. Al respecto sostiene que es en el Congreso donde «vemos la reacción que estamos viviendo de decirle no a todo y desvirtuar la esencia del acuerdo: negar la posibilidad de construir paz».

«El acuerdo de paz no es revolucionario, no toca los aspectos estructurales de la política colombiana, es apenas un paso hacia la modernización política, hacia una modesta apertura democrática», sostiene la candidata a la vicepresidencia colombiana, quien además critica la actitud asumida por el presidente Juan Manuel Santos, calificándolo de «débil y frágil» en su actuar. Esto porque -dice Daza- tras lograr poner fin al enfrentamiento armado «su compromiso no ha sido el mismo» a la hora de ratificar los acuerdos de paz.

Sobre los ejes programáticos de la fórmula electoral que integra, destaca que se basan en «la implementación de los acuerdos de paz a plenitud» y en llevar adelante «un gobierno transparente, dado los altos niveles de corrupción que existen en la administración pública».

Usted ha estado vinculada mucho tiempo a la causa de la paz en Colombia. ¿Cómo ha sido el proceso que se ha desarrollado hasta ahora?

Yo estuve 26 años en el exilio, regresé hace dos años y medio, y encontré a un país con mayores problemas a nivel político; la democracia es aún más estrecha, con una clase política entronizada en el poder, resistida a abrir espacios y a generar otras oportunidades. Dejaron negociar el fin de la confrontación armada, dejaron firmar el acuerdo sin darle importancia, no lo valoraron y cuando se lleva el acuerdo al Congreso para normarlo descubren lo que se ha acordado, que limita su poder; y vemos la reacción que estamos viviendo de decirle no a todo y desvirtuar la esencia del acuerdo: negar la posibilidad de construir paz.

El contexto latinoamericano no ayuda mucho a apurar el proceso

En el contexto de América Latina les favorece la coyuntura, porque el proyecto progresista que se generó a partir de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil o Argentina se encuentra en receso y va en retorno a lo que había antes. Este escenario es favorable para los contrarios a la paz, porque hay países garantes de la paz en Colombia que reaccionan con menos energía de la que hubieran tenido hace diez años. Es difícil sostener el proceso.

¿Dónde se encuentran las mayores dificultades para concretar el proceso de paz?

La gran dificultad que hoy tiene el proceso de paz es la actitud de los partidos tradicionales, de la clase política tradicional, que se resiste a perder privilegios y ampliar la democracia. El acuerdo de paz no es revolucionario, no toca los aspectos estructurales de la política colombiana, es apenas un paso hacia la modernización política, hacia una modesta apertura democrática, y el eje central del acuerdo somos las víctimas con las que se quiso hacer un poco de justicia y reparación, que es lo fundamental. Sin embargo, esta clase política, que ha negado incluso este conflicto armado, se niega a ceder y a reconocer que hay 8 millones de víctimas, a reconocer que la guerra se acabó. Esa actitud los hace resistentes a que el acuerdo se implemente.

¿Es falta de voluntad o debilidad del gobierno de Santos? 

El gobierno de Santos es débil y frágil. Esto porque débil sería cualquier gobierno que no se apuntalara sobre estos partidos tradicionales y que negociara con ellos el poder, lo que es tradicional en Colombia. Santos no ha tenido esa habilidad, quizás porque lo han exigido más de lo que puede dar o porque simplemente no ha sido hábil en la negociación o, simplemente, no le importa contar con ese respaldo en el Congreso. El es de los dueños de este país, es parte de las familias que se sienten dueñas del país y no es que le importe el futuro de la clase política ni del pueblo colombiano, porque lo que le interesaba era ponerle fin a la confrontación armada y lo logró. De ahí en adelante su compromiso no ha sido el mismo.

Por ende los avances son nulos o mínimos

El proceso se encuentra frenado, aunque queda la esperanza de que el presidente, en un arrebato de fervor político, por decreto autorice la juridicción especial de paz, que es el alma del proceso de paz.

¿Cómo afecta este estancamiento al pueblo colombiano? 

Es gravísimo, porque si no se aprueba la ley estatutaria no habrá justicia transicional, por lo que no conoceremos la verdad, que es la primera víctima de la guerra. No sabremos quiénes fueron los victimarios, no habrá perdón, no habrá reparación a las víctimas ni compromiso de no repetición, que es lo fundamental del acuerdo de paz. Nos afecta en la medida que hay ex combatientes, en un número que no sé precisar pero que está alrededor de los 15 mil, a quienes el gobierno no le ha cumplido con el proceso de reincorporación a la sociedad.

¿Cuáles son los ejes de ese proceso? ¿En qué no ha cumplido el gobierno? 

El proceso se sustenta en tres ejes: seguridad jurídica, personal y económica. En este último punto el gobierno ha cumplido con mucho esfuerzo, se empezó a dar subsidios, miserables, que al menos impiden no morirse de hambre. No han cumplido con la financiación de los proyectos productivos para dedicarse a trabajar en el campo colombiano, no se ha cumplido en la compra de tierras para poder organizarse, tampoco en los programas de salud ni capacitación. La seguridad personal estaba destinada para aquellas personas que tenían mando en las FARC, eso algo el gobierno trabaja en concretar, por lo que muchos ex combatientes no se pueden desmovilizar porque no tienen protección.

¿Se entiende que el tema más complejo es la seguridad jurídica?

Lo más grave es la seguridad jurídica, porque el compromiso era que los desmovilizados, al dejar las armas, el gobierno les garantizaba el trámite ante la juridicción especial de paz para liberarlos de las órdenes de extradición y solicitudes de encarcelamiento. Hoy es imposible instalar la Juridicción Especial de Paz porque el Congreso no ha aprobado la ley estatutaria, con lo que los ex combatientes corren el riesgo de ser integrados a una orden de arresto o de ser extraditados a Estados Unidos, lo que sería fatal. Ese es el riesgo que corre hoy.

«La ventaja es la autoridad moral y política que tiene esta nueva fuerza ante el país»

¿Cuánto pesa el proceso electoral que vive Colombia en el desarrollo del proceso de paz?

Muchísimo, porque la inseguridad, esa amenaza de encarcelamiento o extradición, le impide a la nueva Fuerza Alternativa hacer su campaña electoral. El sentido de la negociación era que se dejaban las armas, se abandonaba esa forma de lucha y se reincorporaban a la sociedad para hacer política utilizando como arma la palabra. Hoy eso no es posible, muy difícil, los ex combatientes no se atreven a salir a una plaza pública a exponerse y hacer proselitismo político.

Siendo esta la primera disputa electoral de la Fuerza Alternativa, ¿cuál es el objetivo de las FARC en este proceso electoral? 

La nueva FARC tiene acordado cinco curules en el Senado y en la Cámara, eso está asegurado. El objetivo del partido es lograr muchos más escaños en el Senado y los de la Cámara mantenerlos. Eso sí, se busca que fuerzas amigas tengan representantes allí. El propósito es elegir 10 senadores y 5 diputados, si no será muy frágil la presencia en el Congreso pues permanentemente se nos sacará en cara que nos «regalaron» los escaños.

¿Qué destacaría de los ejes programáticos de la fórmula electoral que presentan junto a Timochenko? 

Estamos en proceso de diseño, pero en general decimos: la implementación de los acuerdos de paz a plenitud -vale decir, que todos los elementos acordados en La Habana sean desarrollados-; segundo, un gobierno transparente dado los altos niveles de corrupción que existen en la administración pública, poniendo especial atención en el control social como elemento controlador de este problema.

¿Cómo evalúa el camino recorrido desde el Congreso de las FARC en agosto?

El Congreso fue un éxito, sin duda. Pensar que una organización guerrillera de 52 años de existencia se reuniera en Bogotá por una semana a debatir sus problemas y los del país, para mí a sido uno de los elementos singulares; yo viví la guerra completica, por lo que vivir ese Congreso de conversión de organización armada a organización civil y legal fue impactante. Uno vivía sentimientos encontrados, ya que el romanticismo de la lucha armada se enfrentó a una realidad y la formación de un nuevo partido para competir en un país que nada ha cambiado, es un reto.

¿Cuál es el principal elemento de su fórmula electoral?

La ventaja es la autoridad moral y política que tiene esta nueva fuerza ante el país, porque no ha sido responsable de la corrupción y se plantea como fuerza alternativa verdadera frente al desprestigio de los partidos tradicionales.


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