La estrategia que resulte de los foros para la paz y la reconciliación en México debe revelar la verdad y acabar con la impunidad militar y policial, dijo a Sputnik Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de Guerrero (sur).
«Se debe garantizar un proceso de investigación, que vaya a la verdad y al fondo del problema de la impunidad, de la protección institucional de los perpetradores, militares y policiales, que se ocultó durante tantos años», dijo Barrera quien fue laureado con el Premio Amnistía Internacional en 2011.
El líder humanitario del organismo que representa a las familiares de los estudiantes masacrados de la escuela normal de Ayotizinapa, perpetrada en Iguala en septiembre de 2014, afirma que «la palabra con mayor autoridad, fuerza y valor histórico es la de las familias de la víctimas».
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de Guerrero
La exigencia de «verdad y justicia» es un grito que ha acompañado durante décadas a las víctimas de persecución del Estado.
Las familias sobrevivientes no son solo las agraviadas por la guerra contra el narcotráfico desde hace una década, sino también «quienes han peleado, levantando la bandera que reza ‘ni perdón ni olvido’, frente a las atrocidades del Estado», recordó el veterano luchador social.
Ese reclamo es mayor en los casos con participación de uniformados del ejército y la policía, llamados crímenes de lesa humanidad, «que merecen un castigo ejemplar», enfatiza el director del centro humanitario.
En las montañas y comarcas de Guerrero, el ejército ha sido intocable por su forma de actuar, deploró el luchador social.
«No ha habido investigaciones a fondo sobre los militares, a pesar de varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», denuncia el dirigente social.
Barrera se refiere también a la llamada «Guerra Sucia» contra la insurgencia de izquierdas armadas en la década de los años 70, que dejó casi 600 desaparecidos.
«Ese reclamo no lo podemos olvidar y cambiar por la consiga de perdón sí y olvido no», como hace el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, puntualizó.
«En esta nueva manera de darle un lugar a las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas» propuesta por el próximo mandatario de izquierda, la exigencia por la presentación de los desaparecidos, que son más de 35.000 desde 2007, y más de 200.000 muertos en la guerra contra el narco, según cifras oficiales, domina la discusión de las fórmulas para atender su clamor, dice el abogado.
DESPENALIZAR DROGAS NO ES UNA «PANACEA»
Barrera también duda de los efectos de la despenalización de las drogas, viéndola desde Guerrero, cuyas montañas son plantadas con amapola para producir goma de opio de exportación, codiciada en EE. UU.
«Decir que la despenalización de la marihuana y la amapola va a desactivar la violencia en nuestro estado también es una falacia», indicó.
Antes se debe desenmarañar las redes de la delincuencia: «no se podrá desarticular un gigantesco poder delincuencial que utiliza las instituciones del Estado», denunció el líder del centro de derechos humanos, que ha colaborado con el sistema interamericano y de Naciones Unidas en casos emblemáticos.
«Existe una línea invisible entre autoridades del Estado y no estatales vinculadas a negocios ilícitos, que tienen que ver con la economía criminal», alertó.
Si siguen intocados esos intereses ocultos, que se nutren de la economía criminal, «la amapola será remplazada por otros negocios ilícitos vinculados», pronostica.
En cambio, recomienda atender el problema central de la impunidad y la ausencia de una política de apoyos integrales a las marginadas comunidades campesinas.
«Un nuevo circuito a expensas de las empresa farmacéuticas que procesen las drogas reguladas, no afianza la economía campesina, más allá de un producto que se transforme de ilícito a lícito, que no es una panacea», enfatizó.
VERDAD Y JUSTICIA
Al inaugurar los itinerantes Foros de Escucha para Trazar la Ruta de la Pacificación y Reconciliación Nacional», López Obrador dijo el 7 agosto pasado a quienes proclaman «ni perdón ni olvido» que los respeta mucho, pero «yo digo olvido no, perdón sí», exclamó para promover un proyecto de ley de amnistía.
Barrera replica que «el perdón solo cabe si antes hay verdad, sin saber quién es el responsable de un crimen, no se puede perdonar ni atender un problema histórico de impunidad».
«Esta nueva manera de asumir los casos de violaciones a los derechos humanos con el perdón, no es la mejor forma de enfrentar un problema histórico para las familias, que tiene mucho que ver con la impunidad», argumenta el reconocido dirigente ciudadano.
Barrera relató que en la apertura de un centro de atención a víctimas, la semana pasada en Guerrero, fue muy significativo para él escuchar a familiares que manifestaron esa postura.
Allí fue representativa la voz de Tita Radilla, hija de un luchador social y alcalde, que fue detenido ilegalmente en un retén militar hace 44 años en Guerrero.
La sobreviviente manifestó que, en los foros por la paz, «la propuesta de pedir perdón no es lo más relevante».
En noviembre de 2009 el caso de su padre llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una sentencia histórica de condena a los militares y al Estado mexicano, por la desaparición forzada de Radilla.
«Nadie nos puede pedir que perdonemos, eso debe nacer de quienes estamos agraviados, nadie puede suplir el dolor de las víctimas», dijo la sobreviviente en ese acto, recuerda Barrera.
Sin embargo, los abogados del centro de DD.HH. han decidido acompañar a las víctimas en los foros.
«Vale la pena participar, para que la gente hable desde su corazón, para que se visibilice su sufrimiento», puntualizó.
«No se trata de comenzar de cero, tenemos una larga lucha de las víctimas, que tiene un camino recorrido exigiendo investigaciones y castigo a los responsables», recuerda el abogado.
Tampoco es nueva la creación de una comisión de la verdad, que en Guerrero se formó hace casi nueve años.
«Esa comisión entregó un informe a las autoridades, que se negaron a difundirlo», lamenta Barrera.
Recordó también su decepción por el resultado de una fiscalía especial creada por el expresidente Vicente Fox (2000-2006) para investigar los crímenes contra movimientos sociales del pasado.
«Después de esas experiencias frustradas, esperamos que no se reedite la falta de voluntad política para acabar con la impunidad», terminó.
También se sumó a la exigencia de más de 300 organizaciones civiles nacionales por «una fiscalía autónoma cercana a las víctimas sin sesgos políticos», que pueda garantizar un trabajo profesional independiente.
De los más de 31.000 homicidios que se cometieron en todo el país en 2017, el más violento en la historia mexicana, unos 5.000 asesinatos se perpetraron en Guerrero, casi todos por el crimen organizado, que representa una media de 69 por cada 100 mil habitantes en 2017, el triple del índice nacional de violencia.
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