Infancia a la cárcel: el riesgo de la reducción de edad penal en Brasil

Foto: Carta Maior

Frente a las discusiones y la posibilidad de reducir la mayoría de edad penal en Brasil, así como la desleal campaña de los grandes medios de comunicación comandados por los sectores más conservadores de la sociedad que apoyan esta medida, es fundamental debatir críticamente esta cuestión, así como defender nuestros ya pocos derechos sociales.

La PEC 171/93 es la Propuesta de Enmienda Constitucional que actualmente es discutida en el congreso brasileño, hecha por el diputado Benedito Domingos (Partido Progresista), y establece la reducción de la mayoría de edad penal de 18 para 16 años de edad.   Este proyecto se trata de una falsa promesa para reducir la criminalidad y esta siendo presentada como la luz al final del túnel; es decir al final de un país perdido en la violencia juvenil inventada, en grande parte, por el sensacionalismo televisivo.

Además, la medida no tiene ninguna base científica que la justifique e ignora las experiencias -todas mal sucedidas – de países que aplicaron la reducción. Es una medida anticonstitucional, que va en contra de los derechos de la infancia, y en contra de la mayoría de los países (80%) que definen la mayoridad penal en 18 años o más.

Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, jóvenes de edad entre 16 y 18 años son responsables solamente por el 0,9% del total de crímenes cometidos en el país, siendo que la mayor parte son crímenes pequeños, como tráfico de drogas y no atentan contra la vida. Mientras tanto, los jóvenes son victimas en 36% del total de crímenes cometidos por adultos. Además, por de tras de un joven en conflicto con la ley, hay graves factores como la desigualdad social, el racismo, problemas familiares y explotación.

Otro gran problema son las propias condiciones del sistema penitenciario de Brasil: Altas tazas de reincidencia (70% de los detenidos regresan a la cárcel); cárceles sobre pobladas (3ª mayor población carcelaria del mundo, con 716 mil detenidos); tratos deshumanos a los detenidos (agresiones, torturas, muertes). O sea, un sistema penitenciario ineficaz, que no reeduca y no resocializa al detenido.

Por su parte el sistema socioeducativo de la Fundación Casa, responsable por reeducar a los jóvenes en conflicto con la ley, presenta tazas menores de reincidencia, ya que solo 20% de los jóvenes reeducados vuelven a cometer crímenes cuando son liberados.

Muchos estudios en el campo de la criminología y de las ciencias sociales han expuesto la no existencia de relación directa de causalidad entre la adopción de soluciones punitivas y la reducción de los índices de violencia. Sin embargo, en el sentido opuesto, es posible observar que son las políticas públicas y las acciones sociales las que cumplen un papel importante en la reducción de las tazas criminales.

Reducir la mayoría de edad penal es una respuesta fácil, pero engañosa y mal intencionada para un problema tan complejo que tiene sus raíces en procesos históricos de marginación de los sectores más vulnerables de la sociedad. Un proyecto oportunista y electorero como este juega con las expectativas, el miedo y el sentimiento de inseguridad de la población, no representa ningún avance en la política de seguridad pública del Estado.

La reducción de la mayoridad penal es un gran error y un paso atrás en la política de protección a la infancia en Brasil. Es un ataque a los derechos sociales y por eso necesita ser combatida por toda la población y en todos los espacios.

Por David Menezes

El Ciudadano