El informe preliminar da cuenta de reiteradas violaciones a los derechos humanos que van desde asesinatos hasta amenazas y hostigamientos a líderes políticos, sociales, indígenas y periodistas.
«Hubo 32 muertes en manos de la policía y de los militares. Estos últimos quemaron y dinamitaron casas, torturaron personas. Por otro lado está la detención arbitraria de más de 1.000 personas en situación de protesta, de las cuales 54 quedaron presas sin posibilidad de tener un abogado defensor», explicó Ceciia Merchán presidenta del Parlasur.
La presidenta de la comisión afirmó que la delegación que estuvo durante el mes de noviembre en el país andino tuvo un panorama muy amplio de la situación política y social que atraviesa el país desde la renuncia de Evo Morales, luego de dimitir acusado de fraude electoral. «Logramos reunirnos con todas las organizaciones políticas que están dentro de la Asamblea Legislativa, con todos los organismos de derechos humanos, con la Defensoría del Pueblo, y con víctimas de todo tipo», señaló.
Los representantes consideraron fundamental la reparación de las víctimas y la acción judicial. También el establecimiento de salvoconductos para los asilados y el respeto del debido proceso de las personas encarceladas, entre otros puntos.
«El informe se recibió con mucho interés. Vamos a seguir pidiendo ayuda al Parlasur para que pueda ver los hechos, incluso también quedan invitados [los representantes] para ser veedores de las elecciones en Bolivia», dijo por su parte el diputado boliviano Edgar Mejía.
El viernes 6 el Tribunal Supremo Electoral boliviano cerró el plazo para recibir las postulaciones de sus nuevos integrantes. Una vez conformado, deberá presentar el calendario para las nuevas elecciones que deberán realizarse en un plazo máximo de 120 días.
Cortesía de Sputnik
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