Informe denuncia violaciones a derechos humanos en El Salvador bajo régimen de excepción

El Salvador con una tasa de 1,824 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes lo convierte en el país con la mayor tasa de encarcelamiento a nivel mundial

Informe denuncia violaciones a derechos humanos en El Salvador bajo régimen de excepción

Autor: El Ciudadano México

Un reciente informe presentado por varias organizaciones de la sociedad civil revela una alarmante serie de violaciones a los derechos humanos durante los tres años de implementación del régimen de excepción en El Salvador, el cual fue aprobado en marzo de 2022 y ha sido prorrogado mensualmente desde entonces. Este régimen, impulsado por el gobierno de Nayib Bukele para combatir las pandillas, ha sido objeto de severas críticas por parte de defensores de los derechos humanos.

Véase también: Claudia Sheinbaum exige respeto a Bukele tras críticas sobre seguridad en México

Según el informe, hasta marzo de 2025, se han recibido 6,889 denuncias de abusos, de las cuales el 82% de los casos involucran a la Policía Nacional Civil (PNC) y, en muchos casos, a la Fuerza Armada (FAES). Entre las principales violaciones documentadas se incluyen capturas arbitrarias, hacinamiento extremo en las cárceles y muertes dentro de los centros penitenciarios, lo que refleja la grave situación en los últimos años.

Uno de los puntos más preocupantes del informe es el alto número de capturas masivas. En total, se registran más de 85,000 detenciones desde la implementación del régimen, muchas de las cuales han sido calificadas de arbitrarias. De acuerdo con las denuncias, alrededor del 50% de los detenidos son jóvenes de entre 19 y 30 años. Además, se reporta que la mayoría de estas detenciones no se han realizado con pruebas sólidas que vinculen a las personas con las pandillas, lo que ha generado una fuerte preocupación sobre el respeto a las garantías constitucionales.

El informe también denuncia las pésimas condiciones en los centros penitenciarios del país. El hacinamiento en las cárceles ha alcanzado niveles insostenibles, con una tasa de 1,824 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes, lo que convierte a El Salvador en el país con la mayor tasa de encarcelamiento a nivel mundial. Las cárceles están operando a una capacidad de 369.5%, lo que incrementa el riesgo de enfermedades y violencia dentro de los recintos.

Además de las condiciones de hacinamiento, el informe documenta un alto número de muertes dentro de los penales. Entre marzo de 2022 y diciembre de 2024, se registraron 278 muertes, según el Servicio Social Pasionista (SSP), aunque otras organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario han reportado cifras que varían, alcanzando hasta 375 muertes. Las organizaciones denuncian la falta de transparencia en estos casos, acusando al gobierno de no realizar investigaciones adecuadas para esclarecer las muertes ocurridas dentro de los centros de detención.

Uno de los aspectos más críticos del informe es el alto número de denuncias que involucran a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. El 75% de las quejas recibidas apuntan directamente a la PNC como responsable de las violaciones a derechos humanos, cifra que asciende al 82% si se toma en cuenta la participación conjunta con la Fuerza Armada. Las denuncias incluyen abusos físicos, detenciones ilegales y el uso desproporcionado de la fuerza.

Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), subrayó que las autoridades salvadoreñas deben garantizar la independencia de las investigaciones y proporcionar datos claros sobre las muertes ocurridas en las cárceles, instando al gobierno a actuar con transparencia y a asegurar que se respeten los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su vinculación con pandillas.

El informe de las organizaciones sociales subraya la urgente necesidad de que el Estado de El Salvador rinda cuentas por los abusos documentados, ya que, según los defensores de derechos humanos, no basta con culpar a las muertes de causas naturales o archivarlas sin una investigación exhaustiva y objetiva.

Foto: El Ciudadano

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