Seis Estados mexicanos imponen penas que oscilan entre los cuatro meses y los dos años de prisión a la mujer que aborte de manera voluntaria siempre y cuando «no tenga mala fama». Sí, así se trata una problemática tan seria y sensible como el aborto. En caso de que el juez considere lo contrario (es decir, que la mujer sí contaba «con mala fama») las penas pueden ser de hasta cinco años. En esa dirección, tal como señala El País, Tamaulipas, Yucatán, Oaxaca, Nayarit, Puebla y Zacatecas estipulan penas menores si la mujer que abortó había logrado «ocultar su embarazo».
El diario español resalta que los códigos penales de los 31 Estados del país están plagados de disposiciones que de facto reducen las condenas a aquellas que deciden interrumpir su embarazo, pero al mismo tiempo reafirman los estereotipos más tradicionales de la sociedad, plagados de machismos y sexismos.
Por ejemplo, en Tamaulipas la sanción a quien decide abortar voluntariamente es de uno a cinco años de cárcel, pero a su vez esta puede ser sustituida por un tratamiento médico integral. «El tratamiento referido tendrá como objeto apoyar a las mujeres a superar los efectos causados como consecuencia del aborto provocado, así como reafirmar los valores humanos por la maternidad ayudando al fortalecimiento de la familia», dice el artículo 357 de la norma.
Para muchos, México es aún un país con una sociedad predominantemente machista y, en esa dirección, el aumento de la violencia contra las mujeres es una pésima señal si lo que se busca es cambiar el rumbo. En esa dirección, no todas las mexicanas tienen el derecho de abortar libremente y de forma segura. Solo la Ciudad de México ha despenalizado el aborto hasta la semana 12 de embarazo.
Por su parte, en el resto de los Estados, el único motivo de aborto legal es si se comprueba una violación. Otras de las causales que prevalecen en las legislaciones regionales para no ser juzgada por un aborto es que la vida de la madre esté en riesgo, que el feto tenga malformaciones o que el aborto sea espontáneo.
Siguiendo la información brindada por el periódico español, las mujeres que quieren abortar por una decisión propia tienen que hacerlo en la capital mexicana a fin de no tener ningún problema legal o a Estados Unidos en el caso de las embarazadas que residen en las localidades del norte.
La situación es peor aún después de que la Ciudad de México despenalizara el aborto hace diez años, ya que otras regiones comenzaron a blindar sus legislaciones. Actualmente 17 de los 32 estados del país han modificado sus constituciones para garantizar el derecho a la vida «desde la concepción».
Así entonces, el caso de México sirve como un claro ejemplo donde el patriarcado queda en evidencia desde las normas mismas de un país, donde muchas leyes reproducen macro y micro-machismos que ponen al género femenino en una posición de desigualdad donde sus derechos quedan en un segundo orden. La mirada del hombre, aún en el siglo XXI, sigue siendo más fuerte que la objetividad.