El expresidente brasileño Jair Bolsonaro será juzgado por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. La decisión fue tomada el miércoles por el Supremo Tribunal Federal (STF), que le imputó cargos relacionados con un intento de anular los resultados electorales y un supuesto complot para asesinar al presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva.
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La resolución del tribunal marca un paso crucial en los esfuerzos por responsabilizar a Bolsonaro por lo que se considera un intento de desmantelar la democracia en Brasil. En sus declaraciones, el juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, señaló que existe evidencia clara de que Bolsonaro conoció, participó y discutió planes golpistas.
Además del exmandatario, siete personas de su círculo cercano, incluidos su excompañero de fórmula y un exjefe de espionaje, serán juzgados por los cargos de «abolición violenta del Estado democrático de derecho» y «golpe de Estado», entre otros.
Aunque Bolsonaro se presentó a la primera audiencia junto a sus abogados, mantuvo silencio ante el tribunal. El expresidente ha negado las acusaciones, asegurando que estas están motivadas por intereses políticos. Su abogado, Celso Sanchez Vilardi, reconoció la existencia de un complot golpista, pero insistió en que no había evidencia que vinculase directamente a Bolsonaro con los planes de desestabilización.
El juicio es el resultado de una investigación que ha durado más de dos años, en la que la policía realizó varios allanamientos, detuvo a colaboradores de Bolsonaro y recopiló pruebas clave. Uno de los elementos más impactantes de la investigación fue un informe de 884 páginas, revelado en noviembre de 2023, que acusaba a Bolsonaro de dirigir un plan que implicaba anular los resultados de las elecciones de 2022, disolver tribunales y entregar poderes especiales a los militares, entre otros actos de desobediencia constitucional.
El plan golpista, según los fiscales, también incluía la difusión de teorías infundadas sobre la fiabilidad del sistema electoral brasileño, un tema recurrente en la retórica de Bolsonaro durante y después de la campaña. Tras su derrota electoral, el expresidente y sus seguidores incentivaron protestas y ocupaciones de cuarteles militares en todo el país, demandando la anulación de los resultados. Esta situación culminó en los violentos asaltos a las sedes del poder el 8 de enero de 2023, un evento que evocó comparaciones con el asalto al Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, los expertos consideran poco probable que Bolsonaro sea detenido antes del juicio, a menos que el juez De Moraes determine que hay riesgo de fuga. Cabe recordar que en 2023, el expresidente pasó un tiempo en la embajada de Hungría tras el registro de su residencia y la confiscación de su pasaporte.
Si el exmandatario es hallado culpable, podría enfrentarse a penas de prisión de entre 12 y 40 años. Además, su inhabilitación política estaría garantizada de manera permanente si es condenado, lo que le impediría postularse a cargos públicos en el futuro.
En un esfuerzo por salvar su carrera política, algunos aliados de Bolsonaro en el Congreso están impulsando modificaciones legales que podrían permitirle postularse nuevamente si logra evitar una condena. Además, se ha hablado de un posible indulto a los responsables de los disturbios del 8 de enero, lo que también podría beneficiarle.
A nivel internacional, Bolsonaro ha mantenido contacto con la familia del presidente Donald Trump. Uno de sus hijos anunció que buscaría asilo político en Estados Unidos, con la intención de presionar al gobierno estadounidense para que intervenga en el caso, al considerar que se trata de una persecución política.
La lucha de Bolsonaro por su futuro político está lejos de resolverse, pero la decisión del STF de llevarlo a juicio subraya la seriedad de las acusaciones y la magnitud del proceso judicial que enfrentará.
Foto: El Ciudadano
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