Más de 500 bolivianos que buscan cruzar las fronteras por tierra desde diferentes regiones de Chile tienen prohibido el ingreso al país por un decreto de la presidenta del Gobierno de facto, Janine Añez, quien ordenó el cierre de fronteras frente a la pandemia del coronavirus COVID-19.
Como consecuencia de esta medida, en la frontera entre Chile y Bolivia se han producido una serie de enfrentamientos entre los ciudadanos que intentaban volver a su país y los militares bolivianos que lo impiden.
Javier García, el alcalde de Colchane, localidad chilena donde se encuentran varados los ciudadanos bolivianos, denunció que “dentro de las 500 personas hay 18 menores de edad, tres mujeres embarazadas, más de 30 adultos mayores y también personas con problemas de movilidad y problemas de enfermedad crónica».
«Están pernoctando en la intemperie, en las noches las temperaturas son de -4°C, están en una carpa improvisada y por supuesto en el total desamparo y abandono de ambos gobiernos”, apuntó, citado por Rfi.
También relató que el ejército de Bolivia arremetió contra estos ciudadanos, golpeándolos con armas en sus cabezas, lo que produjo heridas y desmayos.
García condenó la falta de acción de los gobiernos de los dos países para solucionar esta crisis humanitaria.
“Como municipio pequeño estamos tratando de apoyar en lo que podamos con agua potable, con baño químico, y lo que van a necesitar es alimentación porque aquí no tenemos abastecimiento, estamos a 160 kilómetros del supermercado más cercano. Obviamente se está viviendo una tragedia humanitaria muy grave y hemos hecho las denuncias correspondientes a la ONU como también a instituciones de derechos humanos sin tener respuesta a la fecha”, aseveró.
El alcalde de Colchane también denunció el doble rasero de Jeanine Áñez, quien no permite el paso de los ciudadanos que llegan a la frontera terrestre con Chile tras varios días de camino, pero sí permite la entrada de aquellos que llegan por avión desde Santiago.
“Me parece una discriminación o una selección de personas que pueden o no ingresar a Bolivia. Debería ser para todos los bolivianos y no solamente para aquellos que pertenecen a una clase social privilegiada”, afirmó.
Por su parte el ministro de Interio del Gobierno de facto, Arturo Murillo, aseguró que el partido Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente depuesto Evo Morales está detrás de los reclamos de los 500 ciudadanos bolivianos, como una forma de intentar violar la cuarentena.
El senador Efraín Chambi del MAS negó rotundamente las acusaciones.
«El MAS no está en ningún acto irresponsable movilizando a la gente para romper la cuarentena, sino convocando a que todos podamos cumplirla disciplinadamente», dijo, citado por France 24.
Asimismo, el alcalde de Colchane desmintió la versión del Gobierno de facto.
«Es un argumento totalmente falso puesto que ellos no tienen ningún nivel de organización, no tienen líderes. La argumentación que entrega el gobierno boliviano atenta claramente a los derechos de las personas”, explicó
“Hago un llamado a la presidenta Áñez a que recapacite y que de una vez por todas dé una solución a su gente”, apuntó.
A pesar de las denuncias y la gravedad de la situación, el director de Migración del Gobierno de facto, Marcel Rivas, respondió que colaborará con el municipio fronterizo de Colchane para que los más de 500 ciudadanos bolivianos permanezcan en fronteras chilenas.
Rivas ofreció “coordinar cualquier ayuda que necesite para establecer un centro de cuarentena» en el municipio, en vez de facilitar la entrada de los ciudadanos a Bolivia.
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