Jueza ordena restablecimiento de servicios legales para niños migrantes, pero inseguridad persiste

Una jueza federal en California ordenó restablecer los servicios de asistencia legal para niños migrantes no acompañados, después de que el gobierno de Donald Trump cancelara el financiamiento para su representación jurídica. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre los proveedores de asistencia legal, quienes afirman no haber recibido indicaciones claras sobre los pasos a seguir.

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La jueza Araceli Martínez-Olguín emitió su fallo la noche del martes, determinando que la cancelación de fondos por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados podría haber violado una ley federal de 2008 contra la trata de personas. La orden, que entra en vigor de inmediato y se extiende hasta el 16 de abril, obliga al gobierno a mantener la asistencia legal mientras el caso sigue su curso.

Sin embargo, pese al fallo judicial, organizaciones que ofrecen representación legal a los menores siguen sin claridad sobre la reanudación de los fondos. Acacia Center for Justice, principal proveedor de estos servicios, no ha recibido notificación oficial sobre cómo proceder. «Seguimos atrapados en una situación imposible en la que los abogados que trabajan con estos niños vulnerables no tienen claridad», declaró Bilal Askaryar, portavoz de la organización.

Grupos de asistencia legal han manifestado preocupación por el futuro de al menos 26.000 menores en riesgo de perder representación en sus procedimientos migratorios. Aunque muchas organizaciones continúan defendiendo a los niños en tribunales por responsabilidad ética, no está claro si podrán recontratar personal o aceptar nuevos casos.

El gobierno federal argumenta que no está obligado a financiar la asistencia legal directa de niños migrantes y que la cancelación del contrato con Acacia se debió a la necesidad de reducir gastos. Sin embargo, la jueza Martínez-Olguín indicó que los fondos ya habían sido asignados por el Congreso y que el gobierno debe garantizar un plan de transición antes de retirar los recursos.

Este fallo representa el tercer revés legal en menos de una semana para las políticas migratorias de la administración federal. Otros fallos recientes incluyen la suspensión de la eliminación de protecciones para migrantes venezolanos y la garantía de una «oportunidad significativa» para evitar deportaciones arbitrarias.

Mientras tanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha evitado hacer comentarios sobre el litigio en curso, dejando en el aire el futuro de miles de niños migrantes que dependen de asistencia legal para navegar el complejo sistema migratorio estadounidense.

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