La justicia peruana investiga a todos los presidentes que han gobernado entre 2001 e inicios 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.
La orden prisión preventiva por 36 meses para el octogenario expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el suicidio del exmandatario Alan García, para evitar ir a la cárcel, han abierto una polémica sobre los posibles «excesos» de la justicia peruana para tratar los casos de los políticos involucrados en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
La Operación Lava Jato es la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil. En diciembre de 2016 la constructora brasileña Odebrecht aceptó el pago de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, incluido Perú.
El 21 de diciembre de 2016, una corte de Nueva York anunció que la constructora reconoció el pagó en Perú de coimas por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014. Posteriormente, se revelaron donaciones no declaradas con las que financiaron irregularmente las campañas electorales de gran parte de los líderes políticos del país.
Actualmente, la Fiscalía peruana investiga a todos los presidentes que han gobernado entre 2001 e inicios 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.
Por estos casos se encuentran bajo investigación los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a Estados Unidos y enfrenta un pedido de extradición; Ollanta Humala (2011-2016), que estuvo preso nueve meses con su esposa Nadine; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Asimismo, la líder opositora Keiko Fujimori se vio salpicada por este escándalo y el pasado 31 de octubre se le dictó prisión preventiva por 36 meses.
¿Por qué se suicidó Alán García?
Antes que Alan García, decidiera dispararse en la cabeza, el Poder Judicial había ordenado su arresto preliminar por 10 días.
El exmandatario estaba acusado de recibir sobornos de Odebrecht , por el orden de los 6,2 millones de dólares, para adjudicar la ejecución de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima, en 2009, durante su segundo gobierno.
En todo momento el expresidente rechazó las acusaciones y su implicación en la trama de sobornos
En una carta que dejó antes de dispararse, manifestó que se negaba a correr la misma suerte que los otros presidentes peruanos que han pisado o se encuentran en la cárcel.
“He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia. Pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos, por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo, y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios”, indicó el exmandatario.
En la carta además aseguró que en su caso “no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza”.
Denuncia de irregularidades
El abogado de García, Erasmo Reyna, denunció que la diligencia de detención y registro de su vivienda fue “irregular” y anunció una querella legal.
La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima decidió abrir una investigación preliminar contra los fiscales José Domingo Pérez y Henry Amenábar por presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones durante el allanamiento a la vivienda del exmandatario.
Sin embargo, el equipo especial de la Fiscalía que dirige la investigación del caso Odebrecht emitió un comunicado donde mostraba su “profunda preocupación y rechazo” por el expediente abierto y aseguraba que la diligencia contra García se había practicado “en estricto cumplimiento de un mandato judicial”.
Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, planteó en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter que “si Alan García fue perseguido injustamente, su suicidio es en realidad un asesinato”.
Si Alan García fue perseguido injustamente, su suicidio es en realidad un asesinato.
¡Ya basta de tanto abuso!
Que su sacrificio sirva para entender que la lucha política tiene límites. Que no se puede jugar con honra y libertad de las personas.
Un abrazo solidario a su familia. pic.twitter.com/u6ntFpTBGz— Rafael Correa (@MashiRafael) April 17, 2019
Caso Kuczynski
El juez peruano Jorge Chávez Tamariz, especializado en delitos de corrupción, dictó el viernes prisión preventiva de 36 meses para Pedro Pablo Kuczynski, pese a que estaba internado en una clínica donde había sido sometido a una intervención cardíaca derivada de una crisis de hipertensión.
Las autoridades investigan al exmandatario de 80 años de edad, por supuesto “lavado de activos con agravante de pertenencia a organización criminal”, cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
Según la Fiscalía Kuczynski ayudó a concretar un acuerdo entre Toledo y Odebrecht para adjudicarle a la empresa la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.
También asegura que el expresidente favoreció a Odebrecht a través de un entramado legal en la construcción de la carretera interoceánica Perú-Brasil y en el proyecto de irrigación hidroenergética Olmos, en el norte de Perú.
A pesar de haber sido intervenido por la afección cardíaca, la orden de presión preventiva fue sustentada por el fiscal José Domingo Pérez, quien tras evaluar el informe médico del exjefe de Estado, señaló que no se cambiará la solicitud formulada inicialmente por la de una arresto domiciliario.
“No padece de enfermedad grave, requisito legal para que un acusado permanezca detenido en su vivienda”, precisó. El fiscal justificó la prisión preventiva alegando que existe peligro de obstrucción en las investigaciones si permanece libre.
¿Se han cometido excesos ?
En su editorial en el diario Perú 21 señaló que la orden de prisión a Kuczynski es «a todas luces exagerada».
«Es una decisión inhumana, arbitraria y abusiva que espero que el abogado apele de inmediato. Este tipo de medidas a los ojos del mundo deslegitiman y desacreditan a la justicia peruana«, señaló AFP el congresista Gilbert Violeta, de la tolda de Kuczynski.
Asimismo, el legislador Carlos Tubino, vocero del opositor Fuerza Popular, se mostró «sorprendido e indignado, porque realmente es un exceso lo que viene sucediendo en el Perú con las prisiones preventivas, detenciones preliminares».
«La justicia ha empezado a operar bajo el peor tipo de fascismo, ese que se esconde bajo el nombre de la ley. Esta situación es insostenible, escandalosa y pone en juego los pilares mismo del sistema republicano», escribió en una columna el analista político Mijael Garrido.
Mientras que César Nakazaki, abogado del expresidente , informó que apelará la decisión porque la “considera injusta con una persona de 80 años que se encuentra delicada de salud”.
Justicia para todos
Para el legislador izquierdista de Nuevo Perú, Oracio Pacori, el suicidio de García y la prisión preventiva de Kuczynski «no deben usarse para entorpecer las investigaciones de la corrupción de Odebrecht, la justicia tiene que ser igual para todos«.
Tras rechazar el pedido de arresto domiciliario por el estado de salud del exmandatario, planteada por la defensa, el juez Chávez Tamariz señaló que «si bien Kuczynski tiene 80 años existe peligro procesal de obstaculización y fuga porque no tiene arraigo familiar, ya que su esposa vive en Estados Unidos y trató de viajar a ese país para una atención médica».
Además, señaló el magistrado, los informes médicos practicados arrojan que «su situación no es grave«.
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