Por el impacto negativo que puede tener en el país, gobernadores de 14 de los 27 estados de Brasil exigen revocar el decreto que suscribió el pasado 7 de mayo el presidente Jair Bolsonaro para flexibilizar aún más el porte de armas.
En una carta pública, que se difundió este martes, los funcionarios criticaron la norma con la que se facilita la compra, venta y porte de armas en la nación sudamericana.
«Consideramos que las medidas previstas en el decreto no contribuirán para aumentar la seguridad en nuestros estados. Por el contrario, tales medidas tendrán impacto negativo en la violencia«, expresaron en la misiva.
Asimismo, advirtieron que aumentará «la cantidad de armas y municiones en poder de criminales y los riesgos de que discusiones y peleas entre ciudadanos terminen en tragedias».
Entre los suscriptores de la carta se cuentan gobernadores que lideran la oposición a Bolsonaro, como el de Ceará, Camilo Santana; el de Espíritu Santo, Renato Casagrande; y el de Maranhao, Flavio Dino. Pero también algunos de partidos oficialistas, como los de Brasilia, Ibaneis Rocha; Pará, Helder Barbalho; y Alagoas, Renán Filho, reseñó EFE.
La solicitud que hacen a los poderes del Estado es que intervengan de manera inmediata para revocar la medida del mandatario brasileño.
A la condena de los gobernadores se suma la que hizo Amnistía Internacional este martes con la misma solicitud y a una del Ministerio Público presentada la semana pasada.
Entre las «bondades» del decreto se establece el derecho a portar armas, incluso fusiles, a políticos que ejerzan un cargo público, camioneros, periodistas que cubran asuntos policiales, cazadores, dueños y socios de clubes de tiro, abogados, agentes de tránsito y residentes en zonas rurales, entre otros.
El pasado 15 de enero, Bolsonaro firmó otro decreto que flexibilizaba las normas para la tenencia de armas, eliminando para todos los ciudadanos la obligatoriedad de demostrar la necesidad de contar con una, refirió Telesur.
«El ciudadano de bien podrá tener paz dentro de casa», dijo el Mandatario después de suscribir el decreto en el Palacio del Planalto, en Brasilia.
En ese momento, Bolsonaro argumentó que estaba restableciendo «el derecho» de los brasileños que en 2005, en el referéndum del Estatuto del Desarmamento, optaron por no prohibir la comercialización de armas, refirió Sputnik.
«El pueblo decidió comprar armas y municiones, no podemos negar lo que el pueblo quiso en ese momento», acotó Bolsonaro.
A pocos días de cumplirse los dos meses de su entrada en vigencia, el 13 de marzo, en una escuela de Suzano, en la región metropolitana de Sao Paulo (sur) se produjo un tiroteo que dejó al menos diez muertos, entre ellos cinco menores, y una decena de heridos. Lo ejecutaron un adolescente y un hombre de 25 años, exalumnos de la institución.
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