La sigilosa acción norteamericana en Paraguay y el nuevo mapa militar instalado por Washington en Latinoamérica

“Hay intereses geopolíticos que tienen que ver con tener acceso a los recursos” tales como “el petróleo”, “el agua dulce”, “la biodiversidad” o “los minerales”, recursos esenciales para que Washington mantenga su poder hegemónico imperial, indicó Pablo Ruiz integrante del grupo de Observadores de la Escuela de las Américas

Ronald Ángel

17/08/2018 11:50am

Paraguay es uno de los países del Cono Sur que menos impacto mediático tiene en el escenario internacional, hecho que llama la atención, pues forma parte de una región en que la guerra comunicacional escala rápidamente para alimentar una opinión pública cada vez más parcializada.

Sólo hay que escanear las portadas de los distintos medios impresos, digitales, alternativos y audiovisuales, que a diario muestran la convulsa escena verbal y gráfica de Suramérica para dar cuenta de los conflictos que se suscitan: amenazas, acusaciones, crisis, revueltas, asesinatos, corrupción, derechos humanos; palabras que podrían adornar los tabloides de cualquier país de la región, pero no de Paraguay, que apenas salió a la palestra luego que recientemente asumiera Mario Abdo Benítez como presidente; ¿Qué sucede?.

En Paraguay el letargo informativo tiene el aspecto de una decisión editorial. Y es que ese bajo perfil ha servido para solapar la complejidad interna y los planes que se fraguan en ese país. Por ejemplo, qué tan conocido es el movimiento guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que desde 2008 mantiene una lucha armada por las reivindicaciones campesinas y obreras, poniendo en jaque al ejército desde entonces.

¿Cuántos recuerdan el golpe de Estado ejecutado en 2012 contra la figura del entonces Presidente, Fernando Lugo?, un líder social que, como Presidente electo, integró el bloque progresista de izquierda y apoyó el proyecto de integración latinoamericana que en su momento convocó al Dream Team de la Unasur (Evo Morales, Hugo Chávez, Lula da Silva, Néstor Kirchner y Rafael Correa).

Fernando Lugo fue el que rompió con 70 años de hegemonía del Partido Colorado, cúpula partidista de la derecha conservadora paraguaya, la misma que -con el apoyo norteamericano- fraguó la salida de este líder para apoderarse del poder. Así, Lugo y Paraguay se convirtieron en la segunda víctima de la guerra no convencional ejecutada por EE. UU. en la región, luego del golpe propinado en 2009 a Manuel Zelaya en Honduras.

Al igual que Lula, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner, Lugo también fue perseguido judicialmente

Golpe parlamentario en Paraguay abrió las puertas a EE. UU.

Y fue precisamente la estrategia de la persecución judicial parlamentaria, la que dejó la puerta abierta al gobierno de Estados Unidos para instalar en la presidencia -en principio a Federico Franco- quien luego dio paso a Horacio Cartes, un jefe de Estado complaciente a la agenda norteamericana.

Cartes se transformó entonces en la pieza que facilitó el emplazamiento de nuevas bases militares en el tablero paraguayo, además de los programas humanitarios, eufemismo tras el cual se esconden las instituciones que operan políticamente en la región charrúa.

En 2015 el entonces secretario de la Armada de EE. UU., Ray Mabus, y la embajadora estadounidense Leslie Ann Bassett, se reunieron con el ministro de Defensa Nacional de Paraguay, Bernardino Estigarribia. El objetivo declarado de la reunión fue “afianzar las relaciones” con el gobierno de Cartes y así fortalecer la “paz, seguridad, estabilidad y los valores democráticos”.

Un año después, en 2016, EE. UU. instaló una nueva base militar en la llamada triple frontera, donde Paraguay colinda con Argentina y Brasil, pero además le permite estar más cerca de Bolivia. Este punto está ubicado estratégicamente en pleno centro de Suramérica y con acceso privilegiado al acuífero, una de las mayores reservas de agua del continente.

El argumento de Washington para acceder con potestad a la zona fronteriza fue la lucha contra el narcotráfico, mismo utilizado para colocar bases militares en Brasil, Chile, Colombia y Perú. No importaron las manifestaciones que enarbolaron los movimientos sociales y etnias indígenas paraguayas para evitar este asentamiento militar. La instalación permite a EE. UU. tener el control de la mayor reserva de agua dulce de esa región, cuestión a la que se suma hoy la explotación de esquisto (fracking) por multinacionales petroleras norteamericanas.

De las 800 bases militares de EEUU en el mundo, al menos 76 de ellas están en territorio latinoamericano

Control geopolítico y asalto a los recursos naturales

Pablo Ruiz, integrante del grupo de Observadores de la Escuela de las Américas, explicó en 2015 a la revista digital Resumen Latinoamericano que “mediante el establecimiento de bases en América Latina, Washington busca apoderarse de los recursos naturales de la región”.

Para ese momento -explicaba el analista- EE. UU. estaba “presionando” a varios de sus países serviles en América Latina como “Colombia, Chile, Perú, Panamá y Paraguay” con el objetivo de “seguir militarizando” la región.

Para Ruiz detrás de las bases militares o del espionaje “hay intereses geopolíticos que tienen que ver con tener acceso a los recursos” tales como “el petróleo”, “el agua dulce”, “la biodiversidad” o “los minerales”, recursos esenciales para que Washington mantenga su poder hegemónico imperial.

En 2015 se concretó la instalación de la primera base militar estadounidense en territorio paraguayo, bajo el estatus de “Centro de Operaciones de Emergencias (COE)” en el departamento de San Pedro, creada con la excusa de “ayudar” a la población ante “eventos de emergencia o desastres naturales”.

El medio Resumen Latinoamericano explica que la base militar -inaugurada el 22 de febrero de ese año- pertenece al Comando Sur de EE. UU. Cuando fue instalada, las comunidades indígenas de la zona denunciaron que esa base -reseña el medio local Prensa Rural- “se abona al control geoestratégico imperialista en la región y al saqueo de los recursos naturales, en este caso con el aval del presidente local Horacio Cartes” en confabulación con el contralmirante George Ballance, entonces director de Cooperación en Seguridad del Comando.

Antes de esta base militar, EE. UU. había instalado en 2012, en Chile, un “Centro de Entrenamiento para Personal de Operaciones de Paz en Zonas Urbanas”, ubicado en el Fuerte de Aguayo de la ciudad de Concón, en la provincia de Valparaíso.

El actual Comandante del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, dejó claro la estrategia de EEUU contra la soberanía latinoamericana

Plan Cóndor 2.0 ya está en acción

Un trabajo de investigación periodística, de Raúl Capote Fernández, publicado en el Diario Granma de Cuba, sustentado en documentos publicados en los portales web del Comando Sur y del Ministerio de Defensa estadounidense, advierte sobre como EE. UU. ejecuta una estrategia para debilitar la unidad latinoamericana y erradicar a los gobiernos no alineados.

El texto titulado: Bases militares de EE. UU. en América Latina y el Caribe. El Plan Suramérica, se explaya sobre la información que publicó el Comando Sur en marzo del 2018, sobre la estrategia que aplicará en Latinoamérica durante los próximos 10 años.

El texto contiene las menciones que hace EE. UU. justificando sus acciones directas contra Cuba, Bolivia y Venezuela, que por ser naciones que mantienen relaciones de cooperación con China, Rusia e Irán, son consideradas como grandes enemigos de la Casa Blanca.

Se aclara, que existen 76 bases militares en territorio latinoamericano, 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, 9 en Colombia, 8 en Perú, 3 en Honduras y 2 en Paraguay, más las que se encuentran en los demás países de la región y el Caribe.

Cita el texto publicado por Granma que el actual Comandante del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, “en febrero del 2018 expuso ante el Congreso los escenarios planteados para el continente, objetivos, medios y estrategias acordes con la Estrategia de Defensa Nacional (2018) y la Estrategia de Seguridad Nacional (2017-2018)”.

“En términos de proximidad geográfica, comercio, inmigración y cultura, no hay otra parte del mundo que afecte más la vida cotidiana de Estados Unidos que América Central, América del Sur y el Caribe”, dijo en ese momento Tidd.

Para lograr mantener la hegemonía de Washington en la región, resaltó Tidd, las amenazas latinoamericanas deben enfrentarse por medio de una “Red de Redes”, operada por el Comando Sur en conjunto con las agencias estadounidenses y sus aliados. “Tres fuerzas de tarea conjunta actuarán en este plan: Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (Base Aérea de Soto Cano, Honduras), Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo, La Fuerza de Tarea Interagencial y Conjunta-Sur (Cayo Hueso, Florida)”.

En el caso de la respuesta por casos de contingencia, explica Tidd, “se activará la Defensa del Canal de Panamá y el área del Canal de Panamá; Operaciones de control de migración; Asistencia humanitaria y Respuesta ante desastres; Operaciones militares unilaterales, bilaterales o multilaterales llevadas a cabo por las fuerzas en respuesta a cualquier crisis”.

“Según el informe del almirante, Cuba sigue amenazando los intereses de Estados Unidos en la región, por medio de actividades de vigilancia y contrainteligencia en varios países. El ejemplo más claro es su influencia en Venezuela (servicio de inteligencia y fuerzas armadas)”, explica Gramma.

El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, luego de reunirse en Washington con el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, informó que será frontal contra Venezuela y anunció la salidad de su país de la Unasur

Colombia como actor clave

Para los fines de control militar en la región, Colombia -vecino Oeste de Venezuela- es un punto geográfico bisagra, equivalente a lo que es Israel para Washington en el Medio Oriente.

La nueva relación de Colombia con la OTAN y su gran inversión militar que ejecutó el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos en 2017, por unos 9.713 millones de dólares, 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, dan prueba de ello.

Por ejemplo, el gasto militar de Colombia es el segundo en importancia de toda Suramérica, sólo superado por Brasil -el otro vecino ubicado al Sur-Este de Venezuela-; mientras que el tercer país que más gasto aprobó para sus fuerzas armadas es Argentina -también aliado estadounidense- con 5.680 millones de dólares, 0,9% de su PIB.

México también se suma a esa lista. El gasto militar de ese país registra un incremento considerable en los últimos 10 años, por encima de los 6.000 millones de dólares -2,5% del PIB-, cifra que se da en paralelo a recortes en ciencia, tecnología, salud y educación.

Otro dato importante, publicado por Granma, constata la próxima instalación de una base militar estadounidense en Neuquén, Argentina, lugar donde la empresa YPF encontró en 2011 “un mega yacimiento de petróleo”.

Resalta Capote en su texto, que tras la visita más reciente del almirante Kurt W. Tidd a Colombia, se efectuó una reunión multinacional de seguridad marítima en Miami, Florida. En la ocasión, se firmó una carta de intención entre Estados Unidos, Colombia y México, para “proteger la soberanía de las aguas territoriales y las zonas económicas exclusivas de cada nación”, para cubrir el Golfo de México, parte de Centroamérica y el Caribe colombiano.

También Perú forma parte del plan. Explica Capote que en los últimos años ese país “se convirtió en pieza clave del despliegue militar estadounidense en la región con la instalación de bases en la selva peruana y los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER)”.

“Mientras el almirante Kurt W. Tidd visitaba Colombia, el ministro de defensa, Oscar Aguad y la ministra de defensa, Patricia Bullrich del Gobierno argentino, se reunieron en EE. UU. con funcionarios del Departamento de Estado, del FBI, la DEA y directivos del Comando Sur”, detalla.

En ese periplo, Argentina autorizó a EE. UU. a instalar una base militar en la Triple Frontera que comunica a Paraguay y Brasil, pero que también les permite acceso a Bolivia, Chile y Uruguay. Además, Bullrich firmó un acuerdo para crear un Centro de Inteligencia Regional en Ushuaia, en la Patagonia argentina.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, traicionó los votos del pueblo que lo llevaron a la jefatura de Estado y se ha subordinado a los intereses de EEUU

Ecuador, el nuevo cómplice

“A principios de enero del 2018 trascendió la llegada de personal militar estadounidense a territorio panameño, fuerza militar que debía permanecer hasta después de las elecciones realizadas en abril en Venezuela. La excusa: la defensa del Canal de Panamá”, explica Capote.

En su análisis periodístico, el autor argumenta que “la guerra que Estados Unidos lleva a cabo contra Venezuela necesita de una fuerza regional que intervenga no solo en lo económico y político, sino también en lo militar”.

A esto se suma -relata Capote- “la renovada injerencia directa e indirecta (por parte de EE. UU.) sobre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y soberanía nacional de Ecuador, facilitada por el Gobierno de Lenín Moreno, que incluye brindar capacitación, inteligencia, intercambio de información y acceso a colegios militares, donde oficiales del Ecuador podrán ‘formarse’.

La presencia de militares estadounidenses en suelo ecuatoriano, bajo el pretexto de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, “constituye un serio peligro” para la paz en la región, alega el periodista cubano, y hace especial referencia al subcomandante del Comando Sur, Joseph P. DiSalvo, quien visitó directamente Ecuador para coordinar las acciones militares con las máximas autoridades de ese país.

“Debemos pensar en una estrategia nueva, que más que un Plan Colombia sea un plan Sudamérica, donde todo el mundo pueda combinar sus esfuerzos y así luchar contra esto”, expresó DiSalvo en una entrevista ofrecida a medios ecuatorianos.

La estrategia de Washington, compuesta hasta el momento por las acciones aquí descritas, se reforzaron con la reciente gira que ejecutó en julio pasado su vicepresidente, y se intensifican con las visitas que realiza por estos días el Ministro de Defensa y Jefe del Pentágono, James Mattis, por Argentina, Brasil, Chile y Colombia.