El caso Odebrecht volvió a estremecer a América Latina este miércoles con la trágica muerte del expresidente peruano Alan García (1985-1990 y 2006-2011), después de pegarse un tiro en la cabeza cuando la Policía fue a detenerlo por la investigación que se le seguía por sospechas de corrupción.
El escándalo relacionado con la constructora brasileña se destapó en 2016 y, desde entonces, varios mandatarios latinoamericanos están en la mira de la justicia por diversos delitos.
En el caso de García, la pesquisa de la Fiscalía peruana se centraba en un presunto lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, reseñó BBC Mundo.
En este sentido, se lo señalaba por recibir sobornos de Odebrecht para adjudicarle la ejecución de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima, en 2009, en su segundo gobierno.
De acuerdo con la información oficial, una parte del «pago», unos 100.000 dólares, la recibió por dar una conferencia que dictó en 2012 en la Federación de Industrias del estado de Sao Paulo y la otra, a través de los exfuncionarios de su Gobierno Luis Nava y Miguel Atala.
La sombra de la corrupción planeaba también sobre la campaña presidencial para su segundo mandato, pues se lo acusaba de recibir aportes para destinarlos a las elecciones de 2006.
Desde 2016, más allá del estruendo inicial, no hubo una declaración que lo vinculara directamente, hasta que el año pasado Jorge Barata, exrepresentante de la compañía en Lima, confesó que había entregado $ 200.000 a la campaña de García, a través de Luis Alva Castro, otro miembro del Partido Aprista.
A finales de 2018, García intentó usar la misma estrategia que aplicó en 1992 cuando pidió asilo en Colombia hasta que prescribieron unas acusaciones por corrupción en su primer gobierno.
El 17 de noviembre pasado hizo la misma solicitud a Uruguay y después de las evaluaciones pertinentes, ese Gobierno rechazó la solicitud por «consideraciones estrictamente jurídicas y tras el análisis de un informe de más de mil páginas sobre el caso».
Otros tres exmandatarios involucrados
Aunque García era uno de los más señalados, no era el único exmandatario peruano con una pesquisa en marcha por el caso de la constructora.
Al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien está prófugo en Estados Unidos y enfrenta una solicitud de extradición, se le imputan los delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos al presuntamente haber recibido 20 millones de dólares para favorecer a la empresa brasileña en la licitación de varios tramos de la carretera interoceánica del sur, refirió La Vanguardia.
Mientras que a Ollanta Humala (2011-2016), quien estuvo nueve meses en prisión preventiva junto a su esposa, se lo señala por aceptar sobornos por unos tres millones de dólares para financiar su campaña para las elecciones presidenciales de 2011.
Por su parte, a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien dimitió en marzo del año pasado, es acusado por lavado de activos después de que se revelara que su consultora Westfield Capital facturó 782.000 dólares a Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando era ministro en el Gobierno de Toledo.
Kuczynski también vio afectada su salud y tuvo que ser hospitalizado luego de que este miércoles se solicitó en su contra seis años y ocho meses de prisión preventiva.
Hasta la líder opositora Keiko Fujimori se vio salpicada por este escándalo y el pasado 31 de octubre se le dictó prisión preventiva por 36 meses.
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