Agencia Sputnik.- La Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió una investigación preliminar al expresidente Álvaro Uribe por su presunta participación en el espionaje ilegal que realizó inteligencia militar a más de 130 personas, entre las que se encuentran periodistas, dirigentes políticos y líderes sociales, y que fue revelada por la revista local Semana.
«La Corte Suprema de Justicia inició una investigación preliminar en contra del expresidente Álvaro Uribe por los perfilamientos e interceptaciones ilegales que habría realizado un sector del Ejército y que fue denunciado por Semana«, informó la revista en su cuenta de Twitter, pero, hasta el momento, la Corte no se ha pronunciado sobre el tema.
Según el medio, la decisión se tomó con base en un anónimo que llegó a esa Corte y que sirvió de sustento para que la magistrada Cristina Lombana ordenara el allanamiento a varias unidades militares.
«En el anónimo, que es valorado por los investigadores, se señala que la información que habría sido recopilada de manera ilegal tendría como destinatario el expresidente Uribe», sostiene Semana con base en el fallo que ordena la investigación, cuyo texto no ha sido revelado.
El abogado del expresidente Uribe, Jaime Granados, confirmó a Semana que se abrió la investigación, «pero insistió en que se trata de una indagación preliminar con base únicamente en el anónimo que llegó a la Corte Suprema y no por hechos diferentes. También dijo que no puede entregar detalles sobre esta indagación porque está bajo reserva».
Según reportes, la Corte también pidió información a la Procuraduría General, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional.
El pasado 2 de mayo, Semana expuso una trama de espionaje contra periodistas, corresponsales extranjeros, políticos y líderes sociales realizada por unidades del Ejército entre febrero y diciembre de 2019.
Durante ese tiempo, los militares hicieron seguimiento y elaboraron carpetas de 130 personas con el apoyo logístico y económico de una agencia de inteligencia de Estados Unidos, cuyos recursos, destinados para la lucha contra el narcotráfico, fueron desviados para hacer seguimiento incluso a periodistas estadounidenses.
Las carpetas contienen números de teléfono, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas y hasta infracciones de tráfico, indicó Semana.
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