Un tribunal de alzada de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador rechazó este viernes un recurso de apelación presentado por la defensa del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien fue condenado en diciembre pasado a seis años de prisión tras encontrarlo culpable de «asociación ilícita» en el megacaso de corrupción de Odebrecht.
A Glas, junto a otros implicados, entre ellos su tío Ricardo Rivera, los acusan de recibir millonarios sobornos por parte de Odebrechet, con base en los testimonios del delator de esa compañía José Conceição dos Santos Filho.
No obstante el juicio prosigue, los abogados de Glas tienen la posibilidad de recurrir en esta oportunidad a una instancia de casación de la misma Corte Nacional de Justicia.
Jorge Glas fue electo en la fórmula presidencial de Alianza País, junto al actual mandatario Lenin Moreno. Luego de asumir la presidencia, Moreno dio un monumental giro político y se deslindó del líder histórico de la llamada Revolución Ciudadana, Rafael Correa.
En ese contexto, el movimiento sufrió una severa división y los partidarios de Correa formaron recientemente tienda aparte. El exvicepresidente Glas se había opuesto al salto político dado por Moreno.
Sofía Espín, una de las asambleístas del nuevo movimiento, argumentó con respecto al caso Glas que «si no hay justicia en el Ecuador, por supuesto que se acudirá a instancias internacionales, en donde las manos políticas o las presiones políticas ya no surtan efecto».
Lenin Moreno no tuvo reparos sobre su compañero de fórmula durante la campaña electoral
El deslinde, hoy es un juicio
El 2 de agosto de 2017, el entonces vicepresidente emitió un comunicado en el que rechazó algunas medidas tomadas por el gobierno de Moreno. Entre las medidas rechazadas estaban la entrega de la administración del sector eléctrico a opositores, el control de medios públicos a representantes de medios privados, la manipulación «perversa» de las cifras económicas y la acusación de «corruptos» a funcionarios del gobierno anterior, del cual el propio mandatario formó parte.
«A partir de ese momento se dio un cambio en el Presidente de la República y tomó una posición de ataque al Vicepresidente», explicó Espín, y agregó que «al parecer el Vicepresidente se vuelve incómodo y comienza el proceso de querer cambiarlo».
Un día después, Moreno, a través del Decreto 100, retiró todas las funciones encomendadas a Glas cuando asumió su segundo período como Vicepresidente, el 24 de mayo de 2017.
Hay quienes denuncian, entre ellos el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que el caso de Jorge Glas es un lawfare, es decir, el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político.
Correa ha señalado que son casos similares a los de Lula Da Silva en Brasil y de Cristina Fernández en Argentina, a quienes, según su opinión, se les judicializa con el objetivo de anularlos políticamente.
Incongruencias en el proceso
El diputado chileno Hugo Gutiérrez Galvez presentó recientemente un documento sobre el caso de Glas, realizado junto al jurista Rubén Jerez Atenas, luego de realizar una visita al exvicepresidente en la Cárcel 4 de Quito, capital ecuatoriana.
Gutiérrez y Jerez revelaron algunas incongruencias en torno a la sentencia de Glas. En primer lugar, que fue enjuiciado con un Código Penal derogado, el de 1971, y no con el Código Orgánico Integral Penal vigente.
La Asamblea Nacional aprobó el desafuero de Glas, para poder ser juzgado, con base en el artículo 370 del COIP; sin embargo, «se juzga y condena, en primera instancia, al Vicepresidente por delitos derogados (artículo 369 y 370 del Código Penal de 1971); lo que implica un directo atentado a la Constitución, que prohíbe la aplicación de normas penales que no existan», señala el documento.
A pesar de ello, la prisión preventiva fue dictada con base en el COIP. «Se da, en consecuencia, la metáfora del Frankenstein jurídico. Esto se traduce en que los fiscales y jueces le crearon al Vicepresidente una ley penal especial ad hoc. Ella fue conformada por la unión de diversas mutilaciones normativas», explican en su texto Gutiérrez y Jerez.
Además, sostienen también que «mezclaron, en una juguera mental, tipos penales derogados, con sanciones también derogadas, aplicando la regulación de la participación contemplada en el COIP, agregando las escalas de penas más la prisión preventiva del actual código». Todo muy claro.
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