La nueva Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, pude ser un riesgo para la libertad de expresión en cuanto a protestas sociales y limita la transparencia en el sector energético, así lo consideró la organización Artículo 19.
Uno de los artículos que preocupan a la organización pro derechos de libertad de expresión y acceso a la información, es la modificación del artículo 140 que aumenta las penas cuando se realicen actos de sabotaje en ductos, equipos, instalaciones o activos, de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.
Para Artículo 19, este apartado representa un riesgo para la libertad de expresión y el derecho de reunión, ya que no se especifica que no se entenderá como sabotaje que las personas puedan reunirse, manifestarse y expresarse en instalaciones petroleras.
El artículo 23 de la Ley aprobada menciona que la información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas se consideran como información concerniente a la Seguridad Nacional, esto sin faltar a la legislación en materia de transparencia.
Sin embargo, la organización considera que “lejos de abonar a la construcción de un estado transparente en materia energética y cumplir con lo dispuesto en el artículo Noveno transitorio de la reforma en la materia y del espíritu de la reforma constitucional en materia de transparencia, el argumento de seguridad nacional se convierte en un aliciente para vulnerar el derecho de acceso a la información y mantener en secreto documentos de interés público, como lo es la información sobre contratistas y permisionarios que se vinculen con actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos.”
Es por ello que hacen un llamado al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que investiguen y procedan para garantizar la libre expresión, información y manifestación.
Por: Salvador Valencia
El Ciudadano