La iniciativa de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de desaparición, presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, no cumple con la mayoría de las exigencias de las víctimas y además, fue propuesta de último minuto, denunciaron organizaciones sociales.
A través de un comunicado, la Coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, el Comité Cerezo México y el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, reprobaron el actuar tanto del senado como del Ejecutivo Federal por la falta de interés en legislar para combatir la desaparición forzada.
“El Senado de la república tuvo 3 meses para iniciar la discusión, análisis y consulta para expedir una Ley General y no lo hizo, bajo el pretexto de esperar la iniciativa del Ejecutivo, lo cual tiene como consecuencia que la discusión de la Ley General inicie hasta el mes de febrero del 2016, violando con ello los términos legales que daban 180 días para legislar en la materia,” advirtieron.
Recordaron que entregaron desde el 3 de septiembre, una propuesta de Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada firmada por distintas organizaciones y personalidades que actualmente se encuentran en discusión en las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos.
“Como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada nos pronunciamos en contra del intento del Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto de legislar una Ley General contra la Desaparición de personas que no cumple en su totalidad con las recomendaciones hechas por instancias internacionales y desatiende la mayoría de las exigencias hechas por las familias de víctimas de desaparición forzada, además de seguir protegiendo a las fuerzas armadas por su participación directa o indirecta en esta práctica,” subrayaron.
Finalmente, denunciaron que esta ley busca confundir a la población y evadir la gravedad de la situación en materia de desaparición forzada. Así mismo, consideraron que el Estado pretende deslindarse de las violaciones a los derechos humanos.
Por: Salvador Valencia
El Ciudadano