Líderes civiles anticorrupción presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra funcionarios del Gobierno Federal mexicano por la malversación de unos 400 millones de dólares, informó la organización independiente Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La inédita demanda penal ciudadana es contra los titulares y funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), de las carteras federales de Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de la Universidad Autónoma del Estado de México, provincia que rodea la capital, y «diversas empresas fantasma que resulten responsables del desvío de recursos públicos«, dice la denuncia firmada por líderes de otras organizaciones, entre ellas, Transparencia Internacional y el comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA, federal).
Ese mecanismo de triangulación de recursos fue «evidenciado» en una investigación independiente titulada «La Estafa Maestra«, realizada por MCCI y el portal periodístico Animal Político «con base en los informes (oficiales) publicados por la Auditoría Superior de la Federación en 2013 y 2014», dice el informe.
La denuncia que fue registrada «con sello de recibido» por la unidad especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR (fiscalía federal).
Con el terremoto se destaparon casos de corrupción. Foto: Web
La investigación fue complementada por el periódico Reforma, «en lo referente a la transferencia de cientos de millones de pesos a domicilios particulares por medio de una intrincada triangulación de depósitos en efectivo».
La malversación de 7.600 millones de pesos (unos 400 millones de dólares) fue realizada en 11 dependencias del Gobierno Federal, documentadas por la Secretaría de la Función Pública, que vigila el comportamiento de los funcionarios.
Hasta la fecha, han sido sancionados 11 funcionarios públicos, de los 110 identificados en la investigación independiente. Sin embargo, entre los sancionados no hay ninguno de los titulares de las 11 dependencias en las que se produjeron los desvíos millonarios.
Estos altos funcionarios aún se mantienen en sus cargos, fueron ascendidos, o concluyeron sus períodos, sin enfrentar a la justicia.
El esquema de desvío de fondos públicos fue ejecutado mediante la «intermediación» de ocho universidades públicas, las cuales «violaron la ley de adquisiciones» para malversar una parte del total de los fondos desviados, 4.613 millones de pesos (más de 240 millones de dólares actuales) repartidos entre 144 «empresas fantasma o irregulares», revela la investigación.
https://www.elciudadano.cl/latino-america/305616-6578/07/12/
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