Los Narco Estados en América Latina

Las instituciones políticas latinoamericanas aún no encuentran el sendero adecuado para conseguir los cambios necesarios que den por resultado una mejor organización en los países. Junto con la mala distribución de los recursos, la falta de educación y el abuso de poder existente, los gobiernos son fuertemente cuestionados por la transparencia de sus acciones. Uno de los puntos críticos que ha marcado el análisis político durante los últimos 20 años es la existencia de los Narco Estados.

Los Narco Estados se definen como una institución política donde la influencia del narcotráfico ejerce un papel protagónico en su funcionamiento. El trabajo en conjunto de narcos y dirigentes consagra una fuerza poderosa de corrupción que termina logrando de manera segura los objetivos que se plantean. Políticos que cuidan las espaldas de los narcotraficantes a cambio de ayuda económica, destinada en su mayoría al financiamiento de campañas y candidaturas.

Amado Carrillo Fuentes «El señor de los cielos»

En América Latina son varios los países donde el asentamiento de Narco Estados han tenido influencias. En México, Amado Carrillo Fuentes, apodado “El señor de los cielos”, fue uno de los narcotraficantes más poderosos entre los cuatro carteles de drogas que operan en el país: el de Juárez, el del Golfo, el de Sinaloa y el de Tijuana. Este hombre que movió cerca de 200 millones de dólares a la semana vendiendo cocaína, poseía una flota de aviones Boeing 727 con la que transportaba las drogas por diferentes países.

El “Señor de los cielos” pasaba la cocaína a través del aire ya que mantenía un acuerdo establecido con ministros de estado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante los años 50. Su cercanía comenzó debido a que ambos eran vecinos en sus casas de campo. En México hoy no hay nadie de alto nivel encarcelado por narcotráfico y algunas partes del territorio aún son controladas por carteles.

Diferentes variables

El termino Narco Estado posee dos acepciones. Existen Narco Estados por acción y por omisión. Por acción hace referencia a las actividades ilícitas que se planean en conjunto mientras que por omisión significa que los estados conocen el funcionamiento del narcotráfico pero,  no hacen nada para frenar sus actos, ya que son muchos los beneficios que consiguen de los grupos delictuales.

Gilberto Rodríguez Orejuela al momento siendo trasladado a Estados Unidos

El caso colombiano conocido como proceso 8000 es uno de los más emblemáticos. Ernesto Samper, Presidente de la República entre los periodos 1994-1998, fue acusado  de recibir financiamiento de parte de los hermanos Rodríguez Orejuela fundadores del Cartel de Cali, una de las redes más poderosa de drogas en Latinoamérica. El hecho se reveló debido a una filtración de una entrevista del periodista Alberto Giraldo a los narcotraficantes. En el audio se hacía alusión a los dineros entregados por el cartel para la campaña del político.

Así mismo el año 2000 el Ministerio de Defensa colombiano acusó al ex presidente peruano Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos de vender armas a las FARC a cambio de drogas. La investigación detalló eventos en que naves áreas y marítimas del estado peruano transportaban toneladas de Cocaína.

El Narco Estado Peruano

El caso más reciente sobre corrupción es el que involucra al ex presidente de Perú, Alan García. Su vinculación con el narcotráfico en el área “solido norte”, lugar denominado así por la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) comenzó allí. La complicidad se evidencia en los indultos que él otorgo para narcotraficantes.

Alan García

Alan García indultó a 232 personas durante su gobierno, 72 de ellas fueron por casos de tráfico ilícito de drogas. Se otorgaron 4.246 conmutaciones de pena, de las cuales 3.207 fueron hechas a condenados por el este mismo delito. 400 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas.

Cuando se llamó a García a declarar ante la comisión de investigación, éste argumento que su objetivo fue “erradicar el hacinamiento de los establecimientos penales”, si embargo la evidencia demostrada contrapone totalmente su defensa. Durante su gobierno el número de internos aumentó en un 33%, de 35.467 en agosto del 2006 a 48.858 en julio del 2011. Los presos por delitos de robo componen la mayor parte de la población, para ellos se otorgaron 1.626 conmutaciones de pena, la mitad de las que se entregaron a los condenados por tráfico de drogas.

Las autoridades peruanas han tomado cartas en el asunto, pero las amenazas a los miembros de la  comisión de investigación son reiteradas. Si la justicia local no responde, no se descarta elevar el juicio frente a organismos internacionales. El congresista Sergio Tejada fue el encargado de llevar acabo la recopilación de antecedentes, solo queda que publicar ese trabajo para que comience el rastreo de la red de corrupción.  

La falta de transparencia y rigurosidad de tienen los estados no permite que el continente avance en vías seguras hacia el sano desarrollo colectivo. Este tipo de infracciones inconstitucionales son el trampolín para que los problemas se sigan agravando aún más. Si los gobiernos no se preocupan de perseguir el narcotráfico seguirán fomentando una industria que al año cobra millones de victimas inocentes.