Documentos filtrados al portal The Intercept confirman que la trama judicial armada y manipulada en torno al caso forma parte de un montaje perpetrado por una red de fiscales y jueces
Desde que comenzó la persecución política y judicial contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, las pruebas contra el entonces candidato y amplio favorito a ganar las elecciones presidenciales de 2018 en el gigante suramericano siempre fueron escasas o, mejor dicho, prácticamente nulas.
La mirada de los medios de izquierda en torno a la supuesta vinculación de Lula en casos de corrupción siempre se fundamentó en la presunción de su inocencia, sobre todo ante la falta de pruebas fehacientes que corroboraran su culpabilidad. En cambio, la postura editorial en los medios de derecha -sobre todo los hegemónicos con gran influencia sobre las masas- no tuvieron compasión al momento de disparar directamente contra la imagen de Lula y sentenciarlo, incluso mucho antes que lo hiciera la corrompida justicia brasileña.
En aquel momento, principios de 2018, los defensores de Lula denunciaban que la persecución judicial contra el expresidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT) eran infundadas y tenían como único objetivo evitar a toda costa que las fuerzas socialistas volvieran al Palacio de Planalto -sede del Poder Ejecutivo- y de esa manera controlar el poder político nuevamente.
En medio de la persecución política, varios funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, incluido el vicepresidente Mike Pence, visitaron Brasil para reunirse con el entonces presidente de facto, Michel Temer, quien llegó al poder tras el golpe parlamentario perpetrado contra Dilma Rousseff, y en cuyo juicio estuvo involucrado el juez y ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, un proceso que se realizó con una serie de irregularidades que hasta ahora dejan en duda la supuesta culpabilidad de Dilma que la terminó sacando de la Presidencia de Brasil.
También las comunicaciones entre Temer y el presidente Donald Trump eran muy frecuentes, cercanas y consecuentes. Así se intensificaron las alianzas comerciales entre Washington y Brasilia, sobre todo en áreas como armas, aviación y agrotóxicos.
No sería extraño entonces pensar que en medio de la turbulencia política de Brasil, vivida desde la salida de Rousseff de la Presidencia y la condena injustificada contra Lula, esté detrás la mano de Washington y su prioritario interés de frenar -a como dé lugar- la creciente influencia de las fuerzas de izquierda en Latinoamérica, algo que hasta al momento han logrado entorpecer y represar.
Ahora, una serie de documentos filtrados al portal The Intercept confirman que a trama judicial armada y manipulada en torno al caso de Lula, es parte de un montaje perpetrado por una red corrupta de fiscales y jueces que lidera el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, y que tenía como único fin evitar que el líder del PT se convirtiera en Presidente de la República Federativa.
Lula es inocente, es lo que se puede concluir con base en las confesiones que hacen Sergio Moro y los fiscales involucrados en el caso Lava Jato, utilizado para condenar a Lula a más de 12 años de prisión sin contar con una prueba real que corrobore su supuesta culpabilidad, un plan que el propio Lula denunció que era promovido e ideado por Estados Unidos.
Lo primordial, según revelan las confesiones de Moro y los involucrados en distintos grupos y chats de mensajería instantánea, es que la red del Lava Jato tenía como único fin procurar sacar del poder al PT, cuando lograron quitar a Dilma Rousseff de la presidencia y posteriormente hacer todo un lobby judicial para privar de libertad a Lula, sabotear la campaña presidencial de Fernando Haddad -sustituto de Lula en la candidatura- y aupar la victoria de Jair Bolsonaro, la más aplaudida por Washington y estrechamente relacionada al gobierno de Trump.
El juez que condenó a Lula y que inventó la trama
La ética, en el proceso judicial dirigido contra Dilma y Lula, fue la gran ausente. Los documentos filtrados por The Intercept confirman la gravedad de las violaciones en los procedimientos y sobre todo en la ilegal colaboración que ejecutó Moro, el ahora ministro de Justicia, un premio que obtuvo tras encarcelar a Lula.
n el caso de Lula, Moro se encargó de armar con sus propias manos la sentencia de “culpable” contra el entonces candidato presidencial. En repetidas ocasiones y como protagonista, dirigió al fiscal y jefe de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, para que armara un expediente fundamentado en noticias falsas, manipuladas e infundadas, para establecer la presunta culpabilidad de Lula.
A través de Telegram -una aplicación de mensajería instantánea- Moro daba las órdenes a manera de “consejos” a Dallagnol, procedimiento que encabezó por al menos dos años, un acto ilegal para la legislación brasileña, pues los fiscales deben tener independencia y lejanía con el juez que lleva el caso, quien se supone debe ser imparcial.
Así lograron -en 2018- encarcelar por “cargos de corrupción” a Lula, aunque no existan pruebas que confirmen el dictamen. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta llegó a solicitar que Lula no fuera privado de libertad y que lo dejaran participar en las elecciones, pues no había suficientes argumentos condenatorios en su contra.
El 7 de diciembre de 2015, en uno de los mensajes entre Moro y Dallagnol, se evidencian las intenciones de inculpar a Lula con base en informaciones falsas e infundadas, luego que una “fuente” se negara a proporcionar información sobre la supuesta tenencia de Lula de un apartamento, por el que finalmente lo condenaron y que según la red corrupta de Lava Jato, habría obtenido mediante sobornos.
“Estoy pensando en redactar una citación, basada en noticias apócrifas (falsas – infundadas)”, escribió el fiscal Dallagnol a Moro, quien respondió que lo mejor que podía hacer entonces, era “formalizar” esa estrategia.
Esta cita se encuentra en el “Archivo Secreto de Brasil”, parte 3, el cual forma parte de los documentos obtenidos por The Intercept y publicados el pasado 9 de junio de 2019.
Tanto en Brasil como en Estados Unidos, los jueces deben ser imparciales y neutrales, y se les prohíbe colaborar en secreto con un lado en un caso. En los documentos filtrados se revela cóo Lula fue acusado de haber recibido un apartamento triple frente a la playa por parte de una contratista, a manera de soborno por facilitar contratos multimillonarios con la empresa estatal Petrobras.
Asesoramiento estratégico para detener a la izquierda
En las conversaciones entre Dallagnol y Moro se evidencia el “asesoramiento estratégico” a los fiscales y los consejos para nuevas vías de investigación, hechos que exceden el debido proceder del para entonces juez y que además demuestran cómo fue planeado el bloqueo del regreso de Lula y el PT al poder, al prohibir su candidatura, un proceso ampliamente aupado por la derecha brasileña y Washington.
Con Lula fuera de la contienda, el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro fue el más apoyado por la red Lava Jato, y tras sabotear la candidatura de Haddad con una multimillonaria campaña masiva de noticias falsas, consiguió la victoria en los comicios presidenciales.
Así, Bolsonaro llegó al poder y una de sus primeras acciones fue nombrar a Moro como Ministro de Justicia.
En una de tantas charlas digitales, Moro sugirió a Dallagnol a no cometer errores en un momento en el que el caso contra Lula podía caerse por falta de evidencias. “No puedes cometer ese tipo de error ahora (…) piense bien si es una buena idea (…) los hechos tendrían que ser serios”, dijo Moro a Dallagnol.
Posterior a eso, Moro, a modo de comentario, le pregunta a Dallagnol sobre declaraciones del PT respecto a la trama que estaban infundando contra Lula: “¿Qué piensas de estas locas declaraciones de la junta nacional del PT? ¿Deberíamos refutar oficialmente?”, preguntó, hecho que evidencia como él y los fiscales formaban parte de un mismo “equipo”.
Sin embargo, Moro insiste en negar públicamente que coordinó el trabajo de los fiscales de Lava Jato. En un discurso de marzo de 2016 dijo: “Vamos a dejar algo muy claro. Se oye mucho sobre la estrategia de investigación del juez Moro. (…) No tengo ninguna estrategia de investigación. Las personas que investigan o que deciden qué hacer son el Fiscal Público y la Policía [Federal]. El juez es reactivo. Decimos que un juez normalmente debería cultivar estas virtudes pasivas. Incluso, a veces me irrito, veo críticas algo infundadas de mi trabajo diciendo que soy un juez investigador”.
Por su parte, Dallagnol escribió en su libro de 2017, “La lucha contra la corrupción”, que Moro “siempre evaluó las solicitudes del fiscal público de manera imparcial y técnica”. En 2018, en respuesta a una queja de los abogados de Lula, el fiscal general de Brasil, designado para dirigir la investigación, escribió que Moro “se mantuvo imparcial durante todo el proceso”.
Falta de pruebas y el apartamento de Lula que inventó O Globo
Lo más impactante que revelan los documentos filtrados por The Intercept es que a pesar de que Moro y Dallagnol se jactaban públicamente de la “solidez de las pruebas” contra Lula, los fiscales -a lo interno- admitían grandes dudas, pues además sabían que su derecho jurisdiccional para procesar a Lula era inestable, en el mejor de los casos, y en el peor eran completamente infundados.
En las conversaciones, Dallagnol expresó su preocupación por no tener pruebas documentales sólidas para demostrar que el apartamento era de Lula o que él facilitó algún contrato. Es decir, sin el departamento no había caso, y sin el enlace con Petrobras, el caso quedaría fuera de su jurisdicción, y pasaría a la división de la oficina de la Fiscalía de São Paulo, que había argumentado que, en lugar de los fiscales de la Operación Lava Jato, tenía jurisdicción sobre el caso contra Lula.
“Dirán que estamos acusando con base en artículos periodísticos y evidencia frágil… por lo que sería bueno si este asunto se cierra. Además de este tema, hasta ahora estoy preocupado por la conexión entre Petrobras y el enriquecimiento, y después de lo que me dijeron, estoy preocupado por la historia del apartamento. Estos son puntos en los que debemos tener respuestas sólidas y en la punta de nuestras lenguas”, escribió Dallagnol en un chat de Telegram grupal con sus colegas el 9 de septiembre de 2016, exactamente cuatro días antes de presentar su acusación contra Lula.
Ninguno de los subordinados de Dallagnol respondió sus mensajes. Acto seguido, los fiscales en São Paulo cuestionaron públicamente la conexión de Petrobras en un expediente oficial de la corte, y señalaron que “en 2009-2010 no se habló de escándalo en Petrobras. En 2005, cuando la pareja presidencial, en teoría, comenzó a pagar cuotas en la propiedad, no hubo indicios de un escándalo del petróleo”.
“El equipo de Lava Jato, con sede en Curitiba, finalmente se impuso por encima de sus contrapartes de São Paulo y pudo mantener este caso de alto perfil y políticamente explosivo dentro de su jurisdicción”, resalta The Intercep, “pero las conversaciones privadas revelan que su argumento fue un engaño: en realidad no estaban seguros del enlace de Petrobras, que era la clave para mantener su jurisdicción”.
Un día después de expresar sus dudas originales, Dallagnol le envió un mensaje al grupo nuevamente: “Estoy muy emocionado por este artículo de O Globo de 2010”, un medio de extrema derecha que históricamente fue opositor a Lula y que además apoyó la campaña presidencial de Bolsonaro.
“Voy a besar a cualquiera de ustedes que haya encontrado esto”, agregó Dallagnol sobre el artículo, titulado “Caso Bancoop: Se retrasa el apartamento triple de la pareja de Lula”.
Fue O Globo el primer medio en mencionar públicamente que Lula era supuestamente dueño de un apartamento en Guarujá, una ciudad costera en el estado de São Paulo. El artículo de 645 palabras, publicado años antes de que comenzara la investigación de Lava Jato, no menciona al Grupo OAS ni a Petrobras, sino que cubre la quiebra de la cooperativa de construcción detrás del desarrollo y cómo podría afectar negativamente la fecha de entrega del nuevo apartamento de vacaciones de Lula.
El artículo fue presentado como prueba por los Lava Jato y contó con el peso político del entonces juez Moro para condenar a Lula. “Es bastante relevante desde un punto de vista probatorio”, dijo Moro, mientras la defensa de Lula explicaba que él no era dueño de ese apartamento triple, sino de uno pequeño de un solo nivel ubicado en un piso inferior, razón por la cual el artículo de O Globo no presentaba documentación que probara lo contrario.
Además, agrega The Intercep que “existe una pequeña pero contundente inconsistencia entre el artículo de O Globo y los reclamos de la acusación con respecto al apartamento triple”.
“El artículo en sí coloca el penthouse de Lula en la Torre B, e incluso señala que la Torre A aún no se ha construido al momento en que se escribió: ‘La segunda torre, si se construye de acuerdo con los planos del proyecto, finalizados a principios de la década de 2000, puede terminar parte de la alegría de Lula: el edificio estará frente a la propiedad del presidente, obstruyendo su vista al mar en Guarujá”.
Pero, los fiscales igualmente alegaron que Lula era dueño de un apartamento frente a la playa en la Torre A, sin tomar en cuenta la contradicción física del caso. El artículo 191 de la acusación cita el artículo de O Globo: ‘En este artículo se explicaba que el entonces presidente Lula y su esposa -Marisa Letícia- recibirían un penthouse con vista al mar’.
Finalmente, ese sería el supuesto apartamento que eventualmente tomaron las autoridades como referencia para condenar a Lula, a pesar que la información es manipulada y está fuera de contexto, es decir, los fiscales de Lava Jato utilizaron el artículo de O Globo como evidencia pero terminaron condenando a Lula por un apartamento en un edificio diferente.
“Esto demuestra que la investigación fue imprecisa en el punto central de su caso: identificar el soborno que Lula supuestamente recibido del contratista”, refiere The Intercept.
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