La defensa del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó este lunes al Supremo Tribunal Federal (STF) un recurso que busca anular la condena a 17 años por la causa de la finca de Atibaia, dictada la semana pasada por el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre.
De acuerdo con medios locales, la solicitud a la Corte Suprema de Brasil plantea que Lula fue sometido a «vergüenza ilegal», debido a que el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) ignoró las apelaciones de Lula y aumentó la pena en el caso de corrupción y lavado de dinero vinculado a la constructora Odebrecht.
Los abogados del líder del Partido de los Trabajadores sostuvieron, en su presentación ante el Supremo, que el tribunal de Porto Alegre no analizó, antes de resolver el caso, recursos sobre la ilegalidad en los procedimientos de la condena en primera instancia.
Además, los defensores argumentaron que la segunda instancia dio preferencia al caso de Lula en detrimento de los demás: «¿Por qué este proceso en particular mereció especial atención, y se aceleró deliberadamente, superando a más de mil otras apelaciones pendientes de juicio en orden cronológico?», cuestionaron.
El recurso legal expone, asimismo, que el STF anuló varios meses atrás las condenas de dos exgerentes de Petrobras, al considerar que no tuvieron derecho a la legítima defensa por no haber podido presentar sus alegatos finales después de los acusadores.
Como «necesario y urgente» calificó la defensa la aceptación de la orden judicial que busca la anulación del proceso, debido a que el STF entiende que los acusados deben ser escuchados después de los denunciantes.
El 27 de noviembre los tres jueces del TRF4 votaron por unanimidad elevar la condena de 12 años y 11 meses a la que Lula había sido sentenciado en primera instancia el pasado febrero.
Los magistrados concluyeron que el líder obrero se benefició de las obras por más 235.000 dólares realizadas en una casaquinta de Atibaia (estado de Sao Paulo), dentro de un esquema de corrupción en el que estaban envueltas varias constructoras –Odebrecht, OAS y Schahin–, a cambio de contratos con Petrobras.
Desde el inicio de la investigación en la que lo acusan de actuar como dueño de la vivienda, el exmandatario negó poseer el inmueble, el cual es formalmente propiedad de un amigo, y aseguró no estar al tanto de las reformas.
Lula, quien recuperó el 9 de noviembre su libertad, luego de 580 días preso por acusaciones de corrupción, ha esgrimido su inocencia en múltiples ocasiones, asegurando que es víctima de lawfare, articulación del proceso judicial con intenciones políticas.
Con información de Telesur
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