Más de 500 Organizaciones de Derechos Humanos reprueban y califican de inoperante al Estado colombiano por incumplir los compromisos adquiridos ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, en el contexto del  Examen Periódico Universal (EPU). En un informe de 51 páginas sobre la situación de derechos humanos en Colombia en un período de cuatro años, desde 2013 al 2017.

Indican que en el país neogranadino persiste la desigualdad, el paramilitarismo, las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos forzados, el reclutamiento de menores de edad para actividades ilegales y cifras elevadas de casos de violencia hacia las mujeres y otros grupos vulnerables.

“Pese a importantes esfuerzos emprendidos, como la firma del Acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC – y el diálogo con el Ejercito de Liberación Nacional -ELN-, en Colombia continúan cometiéndose graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que permanecen en la impunidad. El Estado no coopera y esto dificulta el monitoreo a los países examinadores y limita la posibilidad del Examen Periódico Universal de contribuir a la construcción de paz en el país”, precisa el documento.

El objetivo de estas organizaciones es entregar a la ONU el informe para que sirva de insumo para la aplicación del  próximo EPU previsto el 10 de mayo en Ginebra, Suiza.

Acuerdo de paz y conflicto armado

El informe subraya  la preocupación de estas organizaciones por el asesinato de al menos 276 líderes sociales y activistas a favor del proceso de paz, posterior a la firma del acuerdo.

Precisan que el 69% de las víctimas pertenecen a poblaciones rurales y  en su mayoría encabezan procesos de restitución de tierras o defienden derechos de grupos discriminados.

Enfatizan que el Estado colombiano no ha sido eficiente al momento de garantizar la seguridad y justicia para los amnistiados y sus familiares, debido a que los homicidios se concentran en departamentos donde hay presencia de grupos paramilitares, cultivos ilícitos, rutas de narcotráfico y actividades ilegales de extracción.

Colombia sigue siendo el país con más víctimas de desplazamiento forzado en el mundo, afectando sobre todo a pueblos indígenas y afrocolombianos,  quienes con más recurrencia se ven confinados en situaciones de violencia que bloquean la llegada de suministros y servicios básicos a sus territorios, puntualiza el documento.

Explica además que la participación de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado continúa siendo un problema sin resolver. Detalla  que solo en el primer semestre de 2017 se registraron 19 acciones cívico-militares en las que había menores de edad involucrados, siendo el escenario más grave “el uso de NNA (Niños, niñas y adolescentes) en labores de inteligencia, espionaje e infiltración en las filas guerrilleras por parte de las Fuerzas Militares”.

Foto: Web. Desaparecidos en Colombia

Criminalización, judicialización y violación directa del derecho a la protesta

Denuncian la represión violenta de órganos del Estado bajo el  amparo de la  ley de Seguridad Ciudadana y el Código de Policía que permite disolver cualquier reunión so pretexto de alterar la convivencia.

Al respecto, el documento menciona que en 2013 se registraron 902 agresiones de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia (Esmad) durante el Paro Agrario.

Mientras que en 2017  se reportó el asesinato de un indígena y el uso de gas lacrimógeno contra una marcha de personas con discapacidad.

Desaparición forzada

De acuerdo con el análisis realizado por estas Organizaciones de Derechos Humanos, una de las grandes tragedias del país es la desaparición forzada, el informe menciona que desde 1970 se registran entre 45.000 y 60.000 víctimas de este crimen.

Afirman que la Comisión Nacional de Búsqueda nunca cumplió su labor y la única esperanza parece ser la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas contemplada en el Acuerdo de Paz.

A esa situación se suma la cifra de 2.280 personas asesinadas entre 2013 y 2016 por violencia política y la permanencia de las ejecuciones extrajudiciales a manos de la fuerza pública. En 2015, identificaron 65 casos asesinatos de los cuales 66% eran responsabilidad de la policía y 33% atribuidos al ejército.

Violencia por discriminación a las mujeres, la población LGBT y a comunidades afro e indígenas

La población sobre la que más se  cometen violaciones y negaciones de derechos en Colombia y a los que el gobierno más les ha fallado al momento de mejorar sus condiciones son;  las mujeres, el sector Lgbt,  las comunidades afrocolombiana e indígena, enfatiza el informe.

Según el estudio de las organizaciones, 128 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2016 y casi 20.000 fueron sometidas a exámenes por delitos sexuales.

Señala que no hay protocolos integrales de atención y de protección que tengan impactos reales sobre las víctimas.

En cuanto a la población LGBT, la violencia sobre este sector poblacional dejó entre 2013 y 2016 al menos 440 asesinados. Aseguran que esta situación es reforzada por los prejuicios de funcionarios estatales que imponen barreras al momento de acceder a sus derechos.

La misma negación de derechos la sufren las comunidades indígenas y afro, a quienes sistemáticamente se les niega la consulta previa sobre lo que sucede en sus territorios.

Como por ejemplo lo sucedido con el incumplimiento por parte del gobierno de los compromisos adquiridos con la Minga indígena en 2013 y de los acuerdos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

Violación a los derechos civiles y desigualdad

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y  se refleja en la baja calidad de todos los servicios y derechos básicos: salud, educación, condiciones laborales y alimentación, alcanzando sus peores números en poblaciones indígenas y afro, detalla el informe.

En materia de salud, el problema radica en que el sistema es manejado por el mercado y a pesar de la Ley Estatutaria lo establece como un derecho fundamental, falla en hacer que los servicios sean accesibles para todos los segmentos poblacionales.

En cuanto a la educación la situación es crítica en zonas rurales, donde las cifras de analfabetismo duplican las tasas urbanas y se acrecienta en comunidades étnicas donde el 20% de las personas mayores de 15 años no sabe leer ni escribir.

Mientras que en las condiciones laborales  el indicador más preocupante es el del desempleo de los jóvenes en zonas rurales, el cual sobrepasa el 50%.

Por otra parte, la implementación de los Tratados de Libre Comercio ha afectado la seguridad alimentaria en el país y se manifiesta en una alta mortalidad por hambre.

En la última década, más de 2.000 niños han muerto por hambre en Colombia: solo entre enero y noviembre de 2016 murieron 66 niños de la comunidad Wayúu por desnutrición en La Guajira.