A través de su red social twitter, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, recordó la denominada «Guerra del Gas» en la que producto de la represión de cuerpos de seguridad del Estado asesinaron a 67 personas
«Como hoy, 2003, se informó que mientras el pueblo sufría la masacre ordenada por Sánchez de Lozada, el gobierno se dedicaba a negociar apoyo de sus aliados. Los responsables de la matanza huyeron del país y sus cómplices ahora son candidatos de la derecha», escribió el mandatario.
Al referirse a los cómplices de los hechos registrados en octubre de 2003, el jefe de Estado, plantea la posición asumida por Carlos Mesa quien era vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, en el momento en el que se produjo el «Octubre Negro» y, en la actualidad es candidato presidencial por Comunidad Ciudadana.
El medio, El Deber hizo una cronología del hecho que enlutó a familias bolivianas, quienes rechazaban las medidas de ajuste del Ejecutivo y la exportación de gas natural a precio irrisorio a Estados Unidos vía Chile.
15 de septiembre: Campesinos de la zona del lago Titicaca bloquean carreteras en contra de la exportación de gas natural por Chile y para que se ponga en marcha un plan de desarrollo rural.
20 de septiembre: Un enfrentamiento entre fuerzas del orden y campesinos concluye con la muerte de un soldado y cuatro civiles en Warisata.
25 de septiembre: La Central Obrera Boliviana convoca a una huelga para exigir la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y contra la exportación del gas.
26 de septiembre: El Movimiento Al Socialismo (MAS) se une a la protesta partido que
28 de septiembre: Después de la intervención de las fuerzas del orden en el bloqueo de caminos, cerca de 200 viajeros que llevaban dos semanas retenidos en el altiplano, llegan a la Paz.
29 de septiembre: Comienza una huelga general indefinida.
30 de septiembre: Miles de personas participan en La Paz en una manifestación en contra de la exportación de gas por Chile.
3 de octubre: Cocaleros se suman a las protestas pero no paralizan la carretera debido a la fuerte presencia militar.
8 de octubre: Comienza en El Alto un paro cívico indefinido.
9 de octubre: En El Alto, dos personas mueren y 16 resultan heridas en enfrentamientos entre la Policía y el Ejército contra los ciudadanos alteños.
11 de octubre: El gobierno ordena la militarización de la urbe alteña amparados en el Decreto Supremo 27209.
12 de octubre: Fue el día más sangriento al registrarse 19 asesinatos. Los ciudadanos recuerdan este día como el paso del convoy de la muerte, al presentarse nuevos enfrentamientos entre la policía y el Ejército contra los ciudadanos.
13 de octubre: Aunque el Gobierno, encabezado por Gonzalo Sánchez de Lozada, decreta que no se venderá el gas natural al exterior hasta que no se realice una consulta con la población. Las muertes y represión indiscriminada hacen que la huelga continúe, esta vez pidiendo su renuncia. Los enfrentamientos dejan un saldo de 14 muertos y el vicepresidente Carlos Mesa retira su apoyo al presidente y el ministro de Desarrollo Económico, Jorge Torres, renuncia.
14 de octubre: La Organización de Estados Americanos (OEA) da su apoyo a Gonzalo Sánchez de Lozada.
15 de octubre: Otros dos mineros mueren en Patacamaya en enfrentamientos con fuerzas del orden. Un grupo de intelectuales se declara en huelga solicitando la renuncia del presidente.
16 de octubre: Sánchez de Lozada ofrece realizar un refeerendo para el gas y el llamado a una Asamblea Constituyente y, señala que que no renunciará. Las protestas continúan.
17 de octubre: Renuncia Sánchez de Lozada y se va a Estados Unidos, donde recibirá asilo político. Jura Carlos Mesa como presidente de la nación.
Aunque la OEA, había brindado su apoyo al entonces jefe de Estado, Sánchez de Lozada, al pasar los días realizó un informe en el que señala que para el año 2003 el país sufrió un grave quebrantamiento en el cumplimiento de la función del Estado. Se asegura que no se garantizó la seguridad a los ciudadanos, el respeto a sus derechos ni protección para sus vidas.
El documento resalta que se registraron enfrentamientos armados entre la Policía y las Fuerzas Armadas; al igual que vandalismo y saqueos en las calles; civiles, soldados y policías heridos y muertos; incendios provocados de oficinas públicas, privadas y de partidos políticos.
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