El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció que el gobierno presentará una denuncia contra el gobierno de facto de Bolivia, ante la Corte Internacional de Justicia por “violación de obligaciones diplomáticas”.
Esta acción de la nación azteca se registra luego que se instalaran al menos nueve agentes de seguridad en la embajada mexicana en La Paz, «¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y que se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior, que se consideran parte del territorio mexicano”, resaltó Ebrard.
Ante la decisión del mandatario López Borador, la autoproclamada, Jeanine Áñez, respondió que la violación de tratados internacionales es responsabilidad de la administración de AMLO y anunció que dejará que el impasse diplomático se resuelva en ese tribunal internacional.
“Lo que está de por medio aquí es la integridad de una representación de México, es nuestro territorio. Además de que se ponga en tela de juicio el derecho al asilo”, indicó el secretario de Estado desde el Palacio Nacional, tras anunciar la medida ante el organismo internacional, difunde T13.
Ante la especulación de un posible cierre de sedes diplomáticas en territorio mexicano, Ebrard explicó que no se tiene considerada esa situación, así como tampoco, retirar al personal que está en territorio boliviano debido a la gran cantidad de mexicanos que viven en dicho país.
Actualmente en la sede diplomática azteca en Bolivia, se encuentran exmiembros del Gabinete de Morales en condición de refugiados.
El canciller mexicano precisó que además de estar estableciendo comunicación con toda la comunidad internacional, también se recurrirá a la Organización de Naciones Unidas para pedir el respeto a las instalaciones diplomáticas y aseguró que México nunca antes había sufrido ese tipo de “acoso”, ni siquiera durante el tiempo de las dictaduras militares en la región, difunde La Razón.
Por su parte, el ministro de Gobierno de la autoproclamada, Jeanine Áñez, Arturo Murillo, argumentó que se trasladaron policías hasta la sede diplomática de México para «preservar la seguridad» de esas edificaciones y de sus ocupantes, ante información de que se organizaba una movilización social que pretendía incluso incendiar esas dependencias para sacar al asilado exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, procesado en el país por sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, difunden medios locales.
“Hoy nos amenazan con llevarnos a la CIJ, allá nos veremos, allá nos veremos con mucho gusto y veremos quienes han violado los tratados», puntualizó Murillo.
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