Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió la Presidencia de los Estados Unidos de México en diciembre de 2018 con el aumento 60 a 190 casos de linchamiento y 271 víctimas debido a la incapacidad del Estado para dar condiciones de convivencia pacífica.
A su llegada al Palacio Nacional, AMLO se presentó con el Plan Nacional de Paz y Seguridad, cuyo objetivo es combatir la violencia y pacificar el país, mientras el “Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional” preparaba un obituario para caldear aún más la opinión pública.
Del total de casos registrados el año anterior, el 21% de las personas falleció y el 79% resultó lesionado. Entre los agredidos destaca que 256 fueron hombres y 15 mujeres.
Con estos datos, «regenerar la ética de la sociedad», uno de los puntos de su Plan, López Obrador tiene una tarea ardua y compleja, por lo que deberá demostrar de inmediato resultados concretos y dar a corto plazo garantía que su gestión se diferenciará del accionar de los últimos gobiernos, los cuales dejaron una cifra de 33.334 homicidios hasta 2018, según datos gubernamentales.
Y es que según el estudio, el 76% de las agresiones ocurrieron en Puebla, Estado de México, Tabasco, Ciudad de México e Hidalgo, mientras que los municipios donde más se presenta este fenómeno son ciudad de Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Tlacotepec de Benito Juárez, Ecatepec, Naucalpan, Chalco, Nezahualcóyotl y Cárdenas.
También, en la lista están Villahermosa, Cunduacán, Nacajuca, Milpa Alta, Iztapalapa, Tlalpan, Cuajimalpa, Xochimilco, Álvaro Obregón, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Tasquillo y Tezontepec de Aldama.
Si bien AMLO sostiene que “no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, combatirlo resultará complejo tomando en cuenta las discrepancias sobre su plan.
Durante la presentación del informe, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, señaló que este fenómeno social “lejos de desaparecer o registrar decrementos, se multiplica y permanece vigente», y esto es un aspecto que debe considerar y minimizar el nuevo mandatario mexicano.
El reporte de la CNDH se basó en la recopilación de notas informativas de medios nacionales y locales que daban cuenta de linchamientos, mientras instituciones gubernamentales no ofrecían el parte oficial.
Entre 2015 y 2018, las instituciones registraron 336 casos con una tendencia a la alza y que han dejado como resultado 561 víctimas, una cifra nada alentadora si se toma en cuenta que el programa de pacificación de AMLO se presenta en momentos que el país vive la mayor ola de violencia e inseguridad desde la Revolución Mexicana (1910-1915).
El segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama, precisó que de los 336 casos de linchamiento revisados en periodo 2015-2018, 43 corresponden a 2015, otros 59 a 2016, 60 a 2017 y 174 a 2018, lo que ilustra la tendencia al alza, detalló LA Times.
Recientemente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que dará «puntual seguimiento” a las ocho recomendaciones emitidas por la CNDH entre el 1 de diciembre de 2018 y el 17 de mayo del año en curso. Las promesas suman a los esfuerzos de AMLO.
Sin embargo, el analista de seguridad y columnista del diario El Universal de México, Alejandro Hope, el índice de homicidios violentos sigue en crecimiento.
Y en el particular de los linchamientos, González Pérez lamenta que este fenómeno social siga “siendo un problema que las autoridades no han visibilizado ni atendido en forma debida”.
Durante la campaña electoral, López Obrador dijo varias veces que, de ganar la contienda, retiraría a los militares de las tareas de seguridad pública que realizan. Como presidente electo renunció al proyecto.
“La verdad hay mucha descomposición en los cuerpos policiales”, dijo mientras los militares de la Guardia Nacional estarán, con la venia de 17 estados, en las calles cumpliendo con las funciones de policía, claro que enfocadas en operaciones contra el tráfico de drogas.
Pero de acuerdo con el estudio de CNDH, las cifras de agresiones tumultuarias en los primeros cinco meses de 2019 parecen ir en aumento, registrándose 67 casos hasta el momento y un saldo de 107 víctimas.
Uno de los casos más recientes tuvo lugar el 29 de abril en el pueblo de Los Choapas, en Veracruz, donde 600 personas detuvieron y asesinaron a seis personas acusadas de formar parte de una banda de secuestradores.
Datos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que aplicó 1.212 encuestas a pobladores de cuatro estados con mayor incidencia de linchamientos, reflejan que el 45% de los encuestados opinó que el desempeño de las autoridades para atender un caso de linchamiento es “nada efectivo”, mientras que el 40% consideró que es “poco efectivo”.
En opinión de la CNDH, «las expresiones de violencia colectiva o linchamientos ilustran la falta de capacidades del Estado para mantener el monopolio legítimo del uso de la fuerza«.
Para enfrentar el problema, la CNDH recomendó a las autoridades de seguridad establecer “estrategias, protocolos y criterios técnicos que busquen la homologación de información estadística oficial sobre linchamientos”, así como diseñar y aplicar un programa nacional bajo la perspectiva de derechos humanos.
Por su parte, el Congreso mexicano debería analizar la elaboración de una propuesta de ley para atender la crisis de linchamientos con un enfoque integral, regional y con perspectiva de derechos humanos.
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