El pasado 2 de enero la alcaldesa del municipio de Temixco (estado de Morelos), Gisela Mota, fue asesinada en su domicilio justo el día después de tomar posesión de su cargo.
Fuentes oficiales informaron que cuatro personas armadas dispararon contra la alcaldesa en su vivienda, tras perpetrar el crimen, los atacantes huyeron en una camioneta.
Mota pertenecía al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y formó parte de la bancada de la formación en la Cámara de Diputados del Congreso Federal de 2012 a 2015. Entre sus filas la consideraban «una mujer de izquierda, joven de ideales, luchadora social».
El asesinato de la alcaldesa se suma a una larga lista de ediles ejecutados en México. Según la Asociación de Autoridades de México AC, en diez años un centenar de cargos y un millar de funcionarios fueron víctimas de atentados.
La organización calificó el asesinato de Mota como otro “toque de alerta” que obliga a las autoridades mexicanas a “trabajar conjuntamente y replantear las estrategias para garantizar la gobernabilidad” en el país.
Por ahora, la respuesta al crimen llegó de la mano del gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, quien decretó que las competencias policiales de 15 municipios –que se resistían a transferir esta facultad- se traspasarán las autoridades estatales.