En una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la cantidad de exfuncionarios y personas a fines a la administración de Evo Morales que ahora son perseguidas en Bolivia.
En su primer informe del año sobre la violación de los derechos humanos, Bachelet abordó varias situaciones de conflicto en la región entre ellas, Bolivia.
En el caso de la nación andina, informó que envió una misión para apoyar los esfuerzos de la ONU por superar la actual crisis política y social.
Según una nota de prensa de la ONU en la crisis post electoral del año pasado se registraron al menos 35 muertos y 800 heridos, la mayoría en los operativos policiales y militares que desarrolló el gobierno que encabeza Jeanine Áñez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró graves violaciones de derechos humanos en la crisis política y social del país altiplano.
En Sacaba, Cochabamba, murieron 10 personas por herida de bala, en una protesta que rechazaba el golpe de Estado.
En Senkata, El Alto, los militares y policías intervinieron un bloqueo de la planta de hidrocarburos que acabó con nueve muertos, también por herida de bala.
En la administración de Jeanine Áñez se activaron procesos por delitos como terrorismo y sedición contra exautoridades de gobierno como los exministros Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, quienes permanecen, junto a otras exautoridades, en la residencia mexicana sin poder abandonar Bolivia. El exministro Carlos Romero se encuentra en la cárcel por el caso UELICN, al igual que el exministro César Cocarico por la denuncia de una designación ilegal en el INRA, difunde La Razón.
También fue remitida a la cárcel la excolaboradora y abogada de Morales Patricia Hermosa al intentar postular como candidato al Senado a Morales. El primo del expresidente también fue encarcelado por contactos telefónicos, reseña el medio.
Se prevé la visita de una nueva misión «in loco» al país, con el fin de realizar una investigación más amplia de los hechos de violencia. El 21 de febrero, el gobierno de Jeanine Áñez pidió a la CIDH apartar a los argentinos Patricia Tappatá Valdez y Juan Méndez del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) formado para una visita a Bolivia.
Con información de La Razón
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