La guerra abierta entre las universidades públicas argentinas y el gobierno ultraliberal de Javier Milei se intensifica, tras anunciar un veto a la Ley de Financiamiento universitario, el mandatario presentó una Ley de Presupuesto que destina la mitad de los fondos solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La situación es sumamente delicada, ya que en el país trasandino, hay 115 universidades, 63 son públicas y acapara el 80 por ciento de los 2,5 millones de alumnos que acuden a las aulas de educación superior.
Este escenario generó la reacción de los gremios docentes y no docentes, quien junto a los estudiantes, que convocaron a un paro para este jueves 26 y viernes 27 de septiembre
Asimismo, el próximo miércoles 2 de octubre se llevará a cabo una movilización masiva, para visibilizar la situación y protestar contra las medidas del «libertario».
El anuncio fue realizado en conjunto por el CNI, que agrupa a los rectores, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el organismo que representa a docentes y no docentes de la universidad pública y, finalmente, a la Federación Universitaria Argentina, que reúne al movimiento estudiantil.
“Estamos convencidos de que no es un problema de financiamiento, estamos convencidos de que es un problema de prioridades y ojalá el Presidente tenga el mejor de los asesoramientos para que se nos llame pronto y podamos conversar sobre cómo financiar el sistema universitario y la ciencia y tecnología de nuestro país”, indicó el presidente del CIN, Víctor Moriñigo, en conferencia de prensa.
“Le vamos a pedir al Congreso que salve a la universidad pública, que vote a favor de la expectativa de futuro de millones de argentinos que hoy estudian en las universidades y que están viviendo una situación de angustia terrible, como también lo están haciendo sus docentes y no docentes”, declaró la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernandez De Piccol, a Página|12.
A la par, los rectores de las universidades de todo el país están conversando con los diputados de cada una de sus provincias para que no acepten el veto.
Al respecto, Víctor Moriñigo remarcó que si antes de movilización, Javier Milei, veta el nuevo presupuesto votado por el Congreso, “la marcha le va a solicitar a los diputados nacionales que puedan acompañar la ley de financiamiento universitario”.
“Hemos decidido que esta marcha va a ser bien federal y vamos a tener expresiones de apoyo en cada capital argentina, en cada provincia. Lo único que queremos es sostener una universidad mejor y la ciencia y tecnología de nuestro país”, expresó el presidente del CIN, al tiempo que subrayó que “tiene que ser con un alto respeto por la pluralidad”.
«Esperamos que insistan con el proyecto que votaron y no se vayan a comer un asado a Olivos. No queremos de nuevo diputados festejando que dieron de baja una ley”, afirmó el secretario de Organización de Conadu (Federación Nacional de Docentes Universitarios de Argentina), Federico Montero, al medio citado.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, anunció la masiva movilización en sus redes sociales, que se realizará seis meses después de la que tuvo lugar el pasado 23 de abril para «defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional».
«Próximo miércoles 2 de Octubre a las 17 horas nos volvemos a manifestar en todo el país en defensa de la educación pública, el sistema universitario público nacional y la ciencia del país», escribió en su cuenta en X,
«Pedimos al Sr. Presidente de la Nación que no vete la Ley de Financiamiento Universitario y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025. No hay en las Universidades un problema, allí descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos», indicó.
«Pedimos a los legisladores, muchos de ellos egresados de la Universidad Pública, que de confirmarse el veto, sostengan la Ley de Financiamiento e introduzcan modificaciones al proyecto de presupuesto 2025 para garantizar las condiciones mínimas para el funcionamiento», agregó.
El académico también extendió su llamado a la sociedad argentina, «que supo construir a lo largo de la historia un sistema universitario reconocido por su excelencia en todo el mundo, que acompañó con extraordinaria movilización cada vez que la historia golpeó a su puerta, que lo hagamos de nuevo».
Discriminación y bajos salarios para los docentes universitarios
Al ser consultado sobe los motivos por los que el CIN se suma a la marcha federal en defensa de la educación pública, Moriñigo señaló que es para “solicitar la promulgación la Ley de Financiamiento Universitario” y para “acompañar a los docentes y no docentes que tienen un retraso de 50 puntos contra la inflación” y mencionó que “hay docentes y no docentes que además están discriminados y tienen 20% por debajo su salario con respecto de los trabajadores del Estado”.
“Una situación que hace cinco meses ya vivimos. Parece una película cuando aquel 26 de abril toda la sociedad nos acompañó. En aquel momento nos prestamos al diálogo días después y pudimos resolver el tema de gastos de funcionamiento de las universidades argentinas, que lo estamos cobrando en cuotas, pero en estos seis meses que pasaron la situación salarial no ha tenido la misma suerte”, enfatizó.
Ley de Financiamiento Universitario y veto de Milei
La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó en el Senado el 12 de septiembre por 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención.
La Cámara Alta dio sanción definitiva a la norma que prevé fondos para gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, así como un incremento en los salarios de docentes y no docentes.
La legislación establece un reajuste de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto.
Asimismo, declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024 y actualiza las partidas del Presupuesto 2023, prorrogado por el Gobierno de La Libertad Avanza.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”, un número ínfimo que el Milei no está dispuesto a pagar.
De hecho, apenas se conoció el resultado de la votación, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez advirtió que el presidente «libertario» vetaría la norma.
«Se viene el veto», escribió en su cuenta de X, aunque más tarde aclaró que «la última palabra sobre el veto la tiene el presidente como corresponde». Sin embargo, poco tiempo después, el propio Milei respondió: «Veto total».
El mandatario argentino tiene hasta el 3 de octubre para definir el veto.
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