El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, otorgará refugio político a la familia del ex teniente venezolano, Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue encontrado en febrero pasado en una toma en Maipú, tras haber sido secuestrado desde su departamento en Independencia.
Según consignó Radio Bío Bío, el «libertario» le entregará el estatus de refugiado político a la esposa y al hijo de Ojeda, luego de algunos meses de conversación, entre la viuda, Josmarghy Castillo; la hermana del exuniformado asesinado, Mayra Ojeda; y Carlos Alberto Manfroni, jefe de la Unidad de Asesores del Ministerio de Seguridad de la República Argentina.
La solicitud fue formalizada por el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, quienes alegaron que no se encontraban seguros en Chile.
Según la unidad de investigación de Radio Bio Bío, Josmarghy Castillo “ha denunciado seguimientos y vigilancias inusitadas, no vinculadas a su relación con la fiscalía chilena”.
Asimismo, indicaron que en la solicitud de refugio al gobierno argentino, los familiares del ex uniformado venezolano indicaron que no contaban con seguridad de parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile ni mucho menos instrucciones particulares de la fiscalía para resguardarlos.
En el documento se señala que ambas mujeres, viuda y hermana, «no están seguras ni protegidas en Chile (…) lo que más las aflige es que se les ha negado cabal acceso al expediente de investigación, pero paradójicamente, las últimas diligencias que reafirman la intervención extranjera y de delincuentes altamente peligrosos del Tren de Aragua y otras bandas en este delito se dieron a conocer en un noticiario de televisión abierta», consignó el medio citado.
Segú informa el citado medio, este 11 de julio la viuda de Ojeda y la hermana de éste, aterrizaron en Buenos Aires en un vuelo Jet Smart, acudiendo al Ministerio de Seguridad de Argentina, donde se les informó verbalmente que eran refugiados.
Sin embargo, tendrán que volver a Chile, para terminar de cerrar el proceso por la muerte del teniente Ojeda y radicarse en Argentina.
Polémicas del Caso Ronald Ojeda
El caso del asesinato teniente Ronald Ojeda ha estado en el medio de la polémica y ha generado tensión entre los gobiernos de Chile y Venezuela.
A principios de mayo en un audio que fue revelado Meganoticias, se escucha al exuniformado confirmando que participó de una operación en la frontera de Colombia con Venezuela, que tenía como objetivo derrocar al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Según consignó ese medio, el exmilitar venezolano estuvo en la ciudad Cúcuta, Colombia, semanas antes de ser secuestrado y asesinado, en febrero pasado.
En el registro se aprecia la conversación que sostuvo Ojeda con un compañero de armas en la que le relata que durante la operación se produjo un error «que puso en riesgo todo» y que los objetivos (derrocar a Maduro) no se cumplieron.
Adicionalmente, el pasado 05 de junio, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que el crimen de Ojeda «pudo ser ejecutado por “cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros” como parte de una “operación de falsa bandera”, que tenía como objetivo enturbiar las relaciones» entre ambos países, «justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento”.
Según el jefe del Ministerio Público venezolano, la operación habría sido ejecutada por la inteligencia chilena en complicidad con otros países.
Tras las polémicas declaraciones de Saab, el presidente Boric envió una carta de protesta al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez Romero. Sin embargo, desde el Gobierno de Nicolás Maduro se defendieron argumentando que la Fiscalía General es un órgano autónomo y, por lo tanto, independiente de su administración.
Otro punto que ha alimentado la polémica, se produjo cuando durante su intervención ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el ministro del Interior (s) Manuel Monsalve, recordó que los dos sospechosos del crimen del exteniente Ojeda ingresaron al país durante la administración del expresidente Sebastián Piñera. Mientras que a uno de ellos se le entregó una visa por un año, al otro entró con autorización de trabajo. En ninguno de los dos casos se evaluaron los antecedentes penales.
«Walter Rodríguez Pérez ingresó a Chile en marzo de 2019, y en septiembre del mismo año se le entregó una visa por un año. En ese tiempo se entregaba visa sin tener los antecedentes penales de los ciudadanos venezolanos. A mí me parece que no es razonable», explicó Monsalve.
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