El Gobierno de Nicaragua denunció hoy un intento de golpe de Estado en la reanudación de la mesa de diálogo nacional, en la que se planteó este miércoles una reforma constitucional y el adelanto de las elecciones para el primer trimestre de 2019.
Esta agenda es «el diseño de una ruta para un golpe de Estado, es el diseño de una ruta para cambiar el Gobierno», afirmó el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, tras comentar una propuesta presentada en ese foro, de 40 puntos.
Dicha propuesta, que recoge los planteamientos recibidos por los diferentes sectores representados en el diálogo, incluye una reforma constitucional que sea aprobada este año y ratificada el 10 de enero de 2019, y que un nuevo Consejo Supremo Electoral convoque a elecciones generales en el primer trimestre de ese año, lo que supondría un adelanto de las presidenciales previstas en el 2021.
La iniciativa fue incluida en una agenda de discusión presentada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en su calidad de «mediadora» del diálogo nacional, que celebra este miércoles su tercera sesión.
«Esto no es una agenda consensuada, es una agenda impuesta unilateralmente porque nosotros no la aceptamos», clamó Moncada.
La posición del Gobierno es que su contraparte, en este caso los dialogantes del sector privado, sociedad civil, campesinos y estudiantes, desconocen no solo al Ejecutivo, sino también a la actual Asamblea Nacional.
En la propuesta también se exige como salida a la actual «crisis política» que se elijan nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral «por magistrados honestos de reconocida experiencia, credibilidad, idoneidad y honestidad que aseguren que el voto de la ciudadanía va a ser debidamente contado y respetado».
El obispo Jorge Solórzano declaró este miércoles que «no estamos haciendo agenda, estamos recibiendo los diversos puntos, las diversas opiniones, y los presentamos en la mesa, es la ‘población’ la que nos hace la agenda».
Este martes se cumplen 36 días en Nicaragua de una crisis sociopolítica que se ha cobrado 76 vidas, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La crisis incluye multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente Daniel Ortega, que comenzaron con protestas en oposición a unas fallidas reformas a la seguridad social y que continuaron debido a las víctimas mortales de los actos represivos.