La crisis inducida en Nicaragua y la ofensiva contra el Gobierno sigue en marcha, mientras países como Estados Unidos e instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) muestran cada día, de forma abierta y sin escrúpulos, su posición injerencista sobre el tema.
Este martes, el secretario ejecutivo de la comisión, Paulo Abrao, recordó al Gobierno de Managua «que ya existe un marco para detener la violencia y abrir canales de diálogo que eviten más pérdidas de vidas».
El pronunciamiento lo hizo en Twitter, vía por la que también se manifestó el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Washington, Francisco Palmieri, quien aseguró que la «continua violencia y el derramamiento de sangre» son «promovidos por el Gobierno» y deben cesar inmediatamente porque el «mundo está observando».
«Instamos enérgicamente al presidente Daniel Ortega a que no ataque a Masaya», escribió Palmieri. Esa ciudad, ubicada al oeste del país, ha sido escenario de violentos enfrentamientos en los últimos días.
La crisis comenzó en abril por una fallida reforma al sistema de seguridad social, pero luego los manifestantes cambiaron su exigencia para pedir la renuncia del presidente Daniel Ortega. El Gobierno denuncia actuaciones «terroristas» de parte de los manifestantes, aupados por sectores de oposición e internacionales que buscan propiciar un «golpe blando».
Desde entonces, más de 300 personas han fallecido, a pesar del llamado al diálogo hecho por el Ejecutivo para buscar una solución a la crisis dentro de los mecanismos legales y constitucionales.
Este lunes, a la cadena de intervencionistas se sumó un grupo de siete expresidentes de Costa Rica que pidieron al secretario general de la ONU intervenir en el caso.
Fotografía tomada de EFE.
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